El Gobierno de Puerto Rico podría hacer pública este lunes, la propuesta que ha presentado a sus bonistas para reestructurar gran parte de su deuda, que asciende a 72,000 millones de dólares, y que, según fuentes cercanas a la negociación, plantea un descuento del 45 % en el monto.

Las citadas fuentes aseguraron a Efe que las autoridades de la isla sopesan hacer públicos detalles sobre el plan que el pasado viernes presentaron a los titulares de su deuda durante diversas reuniones en Nueva York.

De hacerse públicos los detalles, las partes pueden negociar sin entrar en acuerdos de confidencialidad, algo beneficioso para los acreedores porque, de manejarse en secreto y con acuerdos de confidencialidad, esos acreedores estaría impedidos de hacer transacciones con sus bonos en medio de las negociaciones. Se quedarían congelados.

Según detalló el Gobierno de la isla, se llevaron a cabo un total de seis reuniones entre los miembros de un grupo de trabajo designado por el Gobierno para encabezar estas negociaciones y sus asesores fiscales, con representantes de los titulares de los instrumentos de deuda respaldados por ingresos fiscales, entre ellos fondos, cooperativas y aseguradoras.

‘Creemos que las reuniones fueron un importante primer paso en lo que esperamos que continúe siendo un proceso de negociación de respeto mutuo’, dijo después el Gobierno en un comunicado.

Añadió que ‘la propuesta que presentamos es justa, equilibrada y reflexionada en función de la capacidad real del Estado Libre Asociado para pagar a nuestros acreedores a largo plazo’.

El Gobierno planea mantener más reuniones ‘en las próximas semanas’ para continuar con las negociaciones, tomando como base esta propuesta. ‘Es nuestra esperanza que nuestros acreedores trabajen con nosotros en una solución que nos permita invertir en Puerto Rico y hacer crecer a nuestra economía para que el futuro de la isla se construya sobre bases fiscalmente estables’, añadió.

Diversos medios de comunicación estadounidenses han publicado que ese plan propone a los bonistas que acepten un recorte o descuento, que de media ronda el 45 %, a cambio de una mayor certeza de cobro, ya que en los actuales términos el Gobierno ya ha adelantado que no podrá devolverla íntegramente.

El pasado junio el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, dijo que el conjunto de la deuda es ‘impagable’ y que había tomado la determinación de incurrir en el impago, para poder mantener la prestación de los servicios públicos y evitar así una crisis humanitaria en la isla.

Según lo publicado este fin de semana por The Wall Street Journal, la propuesta gubernamental implica el intercambio de distintos bonos -entre ellos las obligaciones generales respaldadas por la Constitución de la isla- por otros nuevos, de dos tipos, que conllevarían un descuento acorde con los precios a los que se están negociando en los mercados y con la evolución de la economía en los próximos años.

Según Reuters, cuatro tipos de bonos distintos que actualmente tiene Puerto Rico se convertirían en dos bonos: el primero, conocido como el ‘base’, sería un bono que ofrece tasa fija de 2 por ciento en 2018 y que aumenta a un 5 por ciento en 2021, fecha en que se pagaría el principal; mientras que el segundo, conocido como el de la ‘esperanza’, es uno a 30 años que suspendería el pago de intereses hasta el 2026 y de ahí en adelante se pagaría con un cálculo que depende de las finanzas públicas y que tendría un tope por año así como que Puerto Rico se reserva el derecho de no pagarlo si surgen gastos presupuestarios imprevistos.

Los bonos de las autoridades de Energía Eléctrica y de Acueductos y Alcantarillados no estarían incluidos en el intercambio.

Ahora el Gobierno de Puerto Rico, que acumula casi una década de crisis, tiene ante sí el próximo vencimiento de diferentes instrumentos de deuda en mayo, por valor de 400 millones de dólares, sin que las arcas públicas cuenten con suficiente liquidez para hacerle frente.

Por ello, en paralelo está negociando en Washington para que el Congreso federal le permita acogerse a la Ley federal de Quiebras, lo que daría un marco jurídico a las entidades públicas de la isla para reestructurar su deuda sin que se le venga encima una avalancha de demandas por parte de los bonistas.

Por el momento, tres aseguradoras ya han presentado una demanda por el desvío de fondos que hizo el Gobierno de ciertas entidades públicas para poder pagar los intereses de sus obligaciones generales.

Los republicanos en el Congreso se niegan a aprobar esa medida si no va acompañada de la creación de una junta de control fiscal externa que supervise el uso de los fondos públicos.