La Resolución de la Cámara 998 investigará la legalidad y legitimación jurídica de la transacción que llevó a la empresa financiera Doral Bank a reclamar un reembolso de $229.8 millones al Departamento de Hacienda por concepto del acuerdo por un sobrepaso de impuestos entre el 2000 y el 2004, así como otras acciones y determinaciones de dicha agencia relacionadas con la transacción.

En la investigación, referida a la Comisión de lo Jurídico presidida por el representante Luis Vega Ramos, se incluirán sin limitaciones, las actuaciones, solicitudes o determinaciones de funcionarios públicos antes, durante y después de la referida transacción.

Doral Bank alega que el Gobierno de Puerto Rico se comprometió a devolverle unos $229.8 millones que la institución financiera había parado en exceso en contribuciones mediante un acuerdo contributivo el 26 de marzo de 2012. El Departamento de Hacienda, al requerir a Doral Bank prueba que sustente la validez contractual de dicho acuerdo, le comunicó a la empresa que no se sustenta la base por la cual el banco solicita el reintegro de $229.8 millones porque el mismo fue por pérdidas de contabilidad en lugar de por pagos contributivos, según informó el mismo banco.

La entidad bancaria, aduce que el incumplimiento del acuerdo pactado en el 2012 con el Departamento de Hacienda, impide a la actual administración renegociar la naturaleza del reclamo, al igual que el monto pactado. Además, que por el menoscabo de este acuerdo por el Departamento de Hacienda, queda en incumplimiento con requisitos de capital impuestos en una orden de consentimiento emitida por la Federal Deposit Insurance Corporation, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y la Reserva Federal de Nueva York en el 2012.

Sin embargo, y según la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), el Departamento de Hacienda estableció que Doral Bank no tiene derecho al reintegro por concepto del acuerdo contributivo por un sobrepago de impuestos entre el 2000 y el 2004, cuando se señala que presuntamente la institución financiera infló de manera artificial sus resultados financieros.

‘Vamos a pasar juicio sobre todos los extremos de esta transacción. Quién o quienes la autorizaron, bajo qué criterios y si los mismos se ajustaban a la letra de la ley. Igualmente auscultaremos si procedían o no en derecho las dispensas éticas que aparentemente se le concedieron a ex funcionarios que adjudicaron o validaron este crédito de casi un cuarto de millón de dólares’, expresó el representante Luis Vega Ramos, presidente de la Comisión que investiga y autor de la medida.

La Comisión de lo Jurídico indagará los criterios jurídico-fiscales para que llevaron al Departamento de Hacienda a firmar el acuerdo, además de revisar si en el mismo se utilizó un marco jurídico contractual que justifique una transacción de esta naturaleza, disipando así, cualquier duda de irregularidad ética, o alguna conducta impropia, o tipificada como delito, que envuelva funcionarios públicos por parte de la agencia.

Doral Bank Financial Corp. radicó la demanda esta semana. La reacción del Departamento de Hacienda es que la misma, así como las alegaciones, no tienen mérito y anticipó que el Departamento de Justicia defenderá enérgicamente al Estado Libre Asociado de la demanda.