Experto en derecho laboral alerta que no se consideraron las personas que deciden no inocularse porque no creen en las vacunas.

En momentos en que ya se ha comenzado a objetar la Orden Ejecutiva que anunció el gobernador, Pedro R. Pierluisi Urrutia para requerir la vacuna contra el covid-19 a empleados públicos de la Rama Ejecutiva, el experto en derecho laboral, Jaime Sanabria identificó que el estatuto tiene puntos que se sostienen en derecho, pero alertó sobre la posibilidad de que también se esté violando la Constitución de Puerto Rico.

Según detalló el letrado en entrevista con ‘El Push de la Mañana’, que emite este diario digital mediante la plataforma de Facebook, aunque la Orden Ejecutiva ofrece varias opciones para quienes opten por no vacunarse, deja fuera a todo aquel que no opta por el pinchazo debido a razones filosóficas o porque no cree en general en las vacunas.

Lee también: Gobierno empieza a cerrar el cerco a las personas que no quieren vacunarse contra el covid-19

«Me parece que lo positivo de la Orden Ejecutiva es que no te da solamente una opción si tu eres empleado público. No es un o lo haces o lo dejas. Es una Orden que te permite, que si no quieres vacunarte, pues busques semanalmente los resultados negativos de una prueba de covid-19 o los resultados positivos pero que demuestren que tu no estás siendo contagioso. Y en ese sentido, la Orden yo creo que recoge el marco legal federal y estatal sobre el tema», sostuvo Sanabria.

No obstante, alertó que le preocupa que la Orden en el marco de las creencias religiosas o la libertad religiosa.

«¿Por qué? Ves que la Orden te dice que aquellos que por razón religiosa no quieran vacunarse, tienen que presentar una declaración jurada acompañado de unas declaraciones de su ministro o pastor. Pero en la cláusula de religión de la Constitución de Puerto Rico y los Estados Unidos, se incluye como religión aquellas personas que no creen, o aquellas personas que tengan una oposición moral o filosófica a las vacunas. Y para esas personas no se establece nada en la Orden Ejecutiva, como por ejemplo, exceptuarlos del proceso», explicó también.

El licenciado continuó detallando que aunque un estado o territorio tiene la facultad para reglamentar o legislar asuntos que tienen que ver con la salud y seguridad de sus ciudadanos, la ley requiere que el Gobierno se cerciore de que la creencia de estas personas en las no vacunas sea una creencia sincera.

Mira también: Retarán en los tribunales la Orden Ejecutiva que exige vacuna contra el covid-19 a empleados públicos

«Eso es una evaluación que hay que hacer caso a caso. No puede haber una Orden Ejecutiva que excluya el derecho de esas personas a hacer eso (no vacunarse) por razones filosóficas o morales», acotó.

«En la medida que la Orden Ejecutiva no atienda eso, pudiese estar violando la Constitución de Puerto Rico», dijo finalmente.

Pierluisi Urrutia anunció ayer la nueva Orden Ejecutiva, que establece que los empleados que laboran en las 65 agencias públicas, deben tener ambas dosis de la vacuna contra el covid-19 en o antes del 30 de septiembre.

Quedan exentos del requerimiento las personas con condiciones médicas, quienes tendrán que presentar un certificado médico válido en la Isla que incluya el periodo de la contraindicación para no vacunarse, y las personas cuyos dogmas religiosos rechacen este tipo de intervención en el cuerpo. En caso de una objeción por principios religiosos, estos empleados tendrán que presentar una declaración jurada con la firma del ministro o líder religioso.

La Coalición Pro Consentimiento Informado ya adelantó hoy que radicará un recurso legal para intentar frenar la Orden del Gobernador.

Mire la entrevista a Sanabria a continuación:

View this post on Instagram

A post shared by NotiCel (@noticelpr)