Fue anunciada ayer por el Gobernador y mandata la vacuna contra el covid-19 a empleados públicos adscritos a la Rama Ejecutiva.

La Coalición Pro Consentimiento Informado radicará un recurso legal hoy mismo, para intentar frenar la orden del gobernador, Pedro R. Pierluisi Urrutia, que establece que los empleados públicos tendrán que completar el ciclo de vacunación contra el covid-19 en o antes del 30 de septiembre.

Según dijo el abogado del grupo, Adrián Díaz, en entrevista radial (Radio Isla 1320), hoy presentarán el recurso legal porque entienden que establecer la vacunación compulsoria no es el único mecanismo que puede utilizar el Gobierno de Puerto Rico para intentar frenar el avance del virus.

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Además, dijo que la Coalición ha intentado discutir en varias ocasiones el asunto con el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López, pero que nunca se le ha atendido.

«Vamos a presentar un recurso legal porque no ha habido manera de discutir el asunto con el Secretario de Salud. Por más que le hemos escrito, no contesta las cartas, no nos da las reuniones. Entonces, hay que presentar el recurso para que el tribunal revise la situación. El argumento es de salubridad y de que esto no es lo único que se puede hacer contra el virus», sostuvo Díaz en el referido espacio.

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Ayer, en conferencia de prensa, Pierluisi Urrutia informó junto a Mellado López, una nueva Orden Ejecutiva en la que se mandata la vacunación contra el covid-19 a todos los empleados públicos de las 65 agencias. Estarán exentas personas con condiciones de salud que no les permitan vacunarse o quienes por religión así lo decidan, aunque para ello tendrán que presentar una orden médico o una declaración jurada, respectivamente.

La medida acogida por el Primer Ejecutivo hizo parte de una serie de recomendaciones de la Coalición Científica.