En su primera acción bajo la recien aprobada Ley de Moratoria, el gobernador Alejandro García Padilla emitió el sábado una orden de emergencia para el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) que tiene el mismo un efecto que se le ha criticado a la propuesta de Junta de Control Fiscal federal: garantiza el pago a los bonistas y pone en el picador todos los demás servicios que se pagan con dinero del Banco.
Esto, porque esa orden ejecutiva no aplica la moratoria con la que la ley lo facultó, sino que garantiza el dinero de los acreedores e impone recortes y restricciones a los pagos que va a emitir el Banco para las demás responsabilidades del gobierno en los municipios y agencias.
‘A pesar de la declaración de un periodo de emergencia para el BGF en virtud de esta orden ejecutiva, y a menos que se disponga lo contrario, esta Orden Ejecutiva no impone una moratoria sobre las obligaciones del BGF al amparo del Artículo 202 de la Ley de Moratoria, incluyendo, sin limitación, las notas emitidas por el BGF’, dice la Orden del sábado.
La razón expuesta para esta excepción es que el Gobierno pueda seguir negociando con los acreedores de cara a la fecha límite del 1 de mayo para el próximo pago de deuda.
Sin embargo, el efecto real es que los recursos del gobierno no se están orientando hacia preservar los servicios esenciales sino que los fondos diponibles para servicios esenciales se están racionando con tal de preservar los fondos para el pago de la deuda y los intereses, un resultado que es similar al que se critica tendría la Junta de Control que supuestamente velaría primero por el pago de acreedores antes del pago de servicios esenciales.
Como consecuencia de la orden, todas las solicitudes de desembolsos de los fondos en el BGF deberán responder al criterio de que sean ‘razonables y necesarias para el pago de servicios esenciales’, criterio que no existe para el pago de las obligaciones a los bonistas.
Una movida que revela que, hasta ahora, la protección de los servicios esenciales para la ciudadanía es mera ficha de negociación en el tablero para la Administración García Padilla, aún con las consecuencias reales que eso tiene para cientos de miles o millones de puertorriqueños de carne y hueso.
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