Los antiguos operadores del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) ubicado en el Edificio Jesús T. Piñero demandaron al Municipio de Carolina y al alcalde Jose Aponte Dalmau ante el Tribunal Federal, tras un segundo plan de expropiación del ayuntamiento.

Según la demanda radicada por Inmobiliaria Villalobos, Inc., y el Grupo de Empresas de Salud, Inc., en el 2012, Aponte Dalmau, presentó un recurso civil ante el Tribunal Superior de San Juan para expropiar las facilidades donde ubicaba el CDT.

El Grupo operaba y administraba las facilidades desde el 1998 luego de salir favorecidos en un proceso de solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) y el contrato era renovado anualmente.

De acuerdo a una Ordenanza aprobada por la Legislatura Municipal en agosto de 2012, el Municipio interesaba retomar el control de las facilidades, ya fuera mediante un proceso de venta o expropiación forzosa, para establecer el Hospital San Fernando.

En una comunicación posterior publicada en marzo de 2013 en la red social de Facebook, el Municipio informó que el Hospital San Fernando sería administrado por el Doctors’ Center Hospital.

Mediante un acuerdo judicial entre las partes, el grupo accedió a la expropiación a cambio de una compensación.

Cuatro días antes de firmarse el acuerdo judicial, el Alcalde le aseguró al presidente del grupo, Raúl Villalobos Díaz, que dentro de los planes del Municipio, no se previó que se obtuviera la nueva facilidad de la empresa que ubicarían en la Calle Amadeo, ni por medio de venta ni expropiación.

Temporalmente, el grupo estuvo brindando sus servicios en otra propiedad, hasta que, finalmente, se mudaron a la Calle Amadeo en enero de 2014.

Pero luego de las mudanzas y las inversiones realizadas, el Alcalde les notificó su intención de expropiación de la propiedad de la referida calle.

Los demandantes alegan que el Municipio sólo quiere compensar al grupo por la devaluación del valor real de la propiedad que se va a expropiar, ignorando los daños causados.

Amparándose en que las movidas del Municipio y de Aponte Dalmauviolan la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, le solicitan al Tribunal ordenar al ayuntamiento que les pague una compensación de $2 millones más los gastos de honorarios de abogados.