Grupos magisteriales se mantienen atentos a la decisión que tomará próximamente el Tribunal Supremo entorno a la controversial Ley 160 que reformó el Sistema de Retiro de Maestros (SRM), y aseguran que darán espacio de una semana al Gobierno para que se pronuncie sobre las recomendaciones del comite de diálogo.

En conferencia de prensa el lunes, la presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz, se mantuvo optimista de que el Tribunal Supremo emita una determinación que favorezca al magisterio.

‘Yo creo que el Tribunal Supremo tiene toda la evidencia de documentar su decisión, si esa decisión es favorable para el magisterio. Ahora, qué pasa después? Hay dos escenarios que hay que estudiar. Una es que la declaren inconstitucional, qué va a pasar? Nos vamos a quedar así para quedarnos sin retiro en el 2020? Nosotros necesitamos que se tome acción con Retiro… pero tiene que hacerse responsablemente. Si la declaran constitucional, se ha demostrado que hay unas enmiendas que hay que hacer, pero yo creo que la primera es la alternativa, por la manera que se trabajó esto’, puntualizó Díaz.

La líder sindical advirtió que si el Tribunal Supremo avala la Ley 160, se sienta un mal precedente en relación a los procesos legislativos sin tomar en cuenta las consecuencias de los proyectos que se aprueban.

De otra parte, a pesar de que el Gobierno no se comprometió la semana pasada en acoger ninguna de las recomendaciones que presentó el comité de diálogo, que se reunió por espacio de 10 días en el Colegio de Abogados,Díaz manifestó que le están dando una semana adicional al Ejecutivo y a la Legislatura para que digan si hay algún compromiso de acoger las medidas. Agregó que el arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, estaba próximo a entregar el informe del comité de diálogo al gobernador Alejandro García Padilla.

El pasado viernes, 7 de febrero, el comisionado especial asignado por el Tribunal Supremo para atender las demandas presentadas por el magisterio, el juez Ángel Pagán Ocasio, rindió su informe al alto foro judicial en el que se estipulaban todas las determinaciones de hechos.

En el documento de sobre 40 páginas, se señala que ‘los demandantes alegan que la Ley 160 viola sus derechos constitucionales en relación al menoscabo de relaciones contractuales, debido proceso de ley, igual protección de las leyes y a la doctrina de no delegación; además de que las acciones del Gobierno constituyen expropiación forzosa, enriquecimiento injusto y violación a derechos fundamentales’.

En dicho informe se aclaran los planteamientos de los maestros de que la intervención del Gobierno para no cumplir con sus obligaciones no responden a un interés legítimo; que el Estado no presentó alternativas que redundaran en una carga menos onerosa para el magisterio; que si se da luz verde a la legislación habrá un menoscabo permanente en los derechos de los maestros; que el incremento de las aportaciones y las reducciones de beneficios son medidas ‘irrazonables y caprichosas’; que la Reforma tiene incongruencia de si se les garantiza una pensión vitalicia; y que al momento de la radicación, aprobación y firma de la Ley el Gobierno no tenían un reciente informe actuarial, entre otros.

Informe del Comisionado Especial – NotiCel _5588