El Proyecto de la Cámara 25 propone enmendar varias leyes vigentes conforme a criterios científicos, ambientales y jurídicos contemporáneos.

La Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado que preside Marissa Jiménez Santoni, celebró una segunda vista pública para evaluar el Proyecto de la Cámara 25, que propone enmendar varias leyes vigentes con el fin de actualizar y aclarar la definición de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) en Puerto Rico, conforme a criterios científicos, ambientales y jurídicos contemporáneos.

La pieza legislativa busca atemperar una definición que se remonta a la legislación del siglo XIX de la ZMT, con el propósito de establecer parámetros más precisos sobre los límites entre el dominio público y la propiedad privada en las zonas costeras.

Compareció a deponer la doctora Maritza Barreto Orta, directora del Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico, quien dijo no apoyar la pieza legislativa. Barreto mencionó que la definición propuesta en el proyecto “no protege adecuadamente las costas, la infraestructura, los recursos naturales ni la seguridad de las comunidades costeras ante el cambio climático y la erosión costera”. Añadió, que la medida utiliza criterios limitados y desactualizados para delimitar la ZMT.

Entre los principales argumentos expuestos por la deponente indicó que la propuesta subestima el alcance real de la ZMT tierra adentro, particularmente en playas arenosas; y se critica el uso exclusivo del criterio de marea astronómica y se recomienda incluir criterios geológicos, geomorfológicos y ecológicos. Asimismo deben considerarse indicadores como la línea de vegetación, escarpes erosivos y zonas de sobre lavado para definir correctamente la ZMT. En la misma línea, advirtió que el proyecto ignora la dinámica de las playas y lo que llamó la playa seca.

Además, Barreto presentó varias recomendaciones como incorporar criterios científicos, geológicos, geomorfológicos y ecológicos en cualquier definición de la ZMT; incluir al Geólogo del Estado o geólogos licenciados en los procesos de deslinde y certificación de la ZMT; revisar y corregir las definiciones oficiales de playa y playa seca para que respondan a la realidad física y dinámica de las costas; entre otros.

De igual forma, presentó su oposición a la medida, Lolimar Escudero Rodríguez, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

“La ACLU de Puerto Rico recomienda evaluar todas las leyes y doctrinas aplicables a la zona marítimo terrestre a nivel estatal y el impacto federal, evaluar y realizar estudios científicos, económico y ecológico de largo plazo y tomar en consideración el cambio climático para enmendar las definiciones en controversia. Se propone que el proyecto busque más bien fortalecer los bienes costeros en tiempos de desafíos como el cambio climático”, dijo la deponente.

Escudero sostuvo que la medida debilita la protección constitucional de la ZMT y favorece intereses privados sobre el interés público y ambiental.

“La ZMT es un bien de dominio público protegido por la Constitución de Puerto Rico y que cualquier redefinición debe responder a criterios científicos y a la realidad climática actual. La ACLU advierte que el proyecto no considera adecuadamente el impacto del cambio climático, el aumento del nivel del mar, la erosión costera ni la pérdida de hábitats naturales como manglares y dunas”, añadió. Igualmente,  señaló que la propuesta podría reducir significativamente las áreas consideradas de dominio público y facilitar reclamaciones privadas sobre terrenos costeros que históricamente han sido protegidos. 

Jiménez preguntó cuál es la dificultad actual para establecer la definición de la ZMT.

Barreto sostuvo que “la forma en que está ahora es muy abierta. La marea no es igual en todos sitios”. Igualmente, expresó que el problema con el uso solo de la NOAA, como propone la medida, es que sus datos lo que presenta es solo con la marea y bajo la propuesta no incluye los eventos extremos atmosféricos y dejaría dos terceras partes de la playa fuera.

“La data es buena pero se aplica incorrectamente porque se aplica a una costa micromareal”, sostuvo.

Por su parte, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón, preguntó cuáles serían las consecuencias que puede tener una barrera fija que divida los bienes de dominio público. Barreto respondió que “el problema es una confusión de cómo se presentan las ideas”. A la vez, añadió que las costas son dinámicas y «lo que se llama una línea, no es eso y es una franja que se mueve».

“Hay que simplificar el vocabulario y la manera de presentarlo. Llevo 30 años en esto y lo he visto”. Por su parte, Escudero quien respondió que “en la ACLU lo que decimos es que este es un asunto técnico y cambiante y hay que escuchar a los expertos porque es un tema que afectará generaciones”. 

También, se expresó en contra de la medida, Francisco Félix en representación de Puerto Rico Sea Grant Program de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez.

“Preocupa las serias implicaciones que tendría la implementación de este proyecto para la protección de las costas y las playas de Puerto Rico. Nos unimos al reclamo de numerosas personas, comunidades y especialistas que por décadas han trabajado temas relacionados a la política pública costera, la ZMT y la defensa de los bienes de dominio público”, expresó Félix.

Además, el deponente señaló que la medida no toma en consideración adecuadamente el aumento del nivel del mar, la erosión costera, las marejadas ni el cambio climático, y el uso exclusivo de “datos astronómicos” para delimitar la ZMT, ignorando criterios científicos geológicos, oceanográficos y ecológicos. De esta forma, recomendó evaluar alternativas legislativas fundamentadas en evidencia científica y respaldadas por expertos en oceanografía, geología, agrimensura y manejo costero, para garantizar la protección ambiental, el acceso público y la resiliencia de las costas de Puerto Rico. 

Asimismo, participó la licenciada Maritere Padilla de la Hispanic Federation, quien dijo no favorecer la pieza legislativa. “La definición propuesta reduce el alcance de la zona protegida, limita el marco legal de protección ambiental, vulnera la resiliencia costera y abre la puerta a la privatización del litoral costero a través de actividades de desarrollo incompatibles con un desarrollo económico sostenible”.

Padilla reiteró que en lugar de legislar para reducir la protección de Ia ZMT, es necesario mantener y aumentar la protección de las barreras naturales que ubican en esta, así como garantizar el uso y disfrute público de nuestras playas. “Para ello, es necesario tomar en consideración las marejadas ciclónicas y mareas máximas vivas equinocciales, entre otros indicadores científicos, como dunas, manglares, ríos, playas y estuarios, entre otros. El Proyecto de la Cámara 25, lejos de aumentar esa protección, la debilita al reducir el alcance del dominio público e ignora la realidad climática sin aplicar criterios científicos confiables.

Igualmente, presentó su oposición al proyecto la capellana ecológica Yaisha Vargas Pérez. “Desde el punto de vista de la capellanía ecológica, las especies de flora y fauna que se verán afectadas por la aprobación del Proyecto de la Cámara 25, algunas de las cuales necesitan del espacio actual de la ZMT por ser su hábitat crítico, también merecen ser escuchadas, aunque no hablen un lenguaje humano”, explicó la deponente.

Vargas Pérez indicó que la manera correcta de decidir cómo trazar la ZMT debe tomar en cuenta la opinión científica de cómo las costas se modificarán durante los próximos años como consecuencia del cambio climático. “Este proceso debe proteger y aumentar el espacio para las estructuras naturales que nos protegen de eventos atmosféricos, entre estos, las marejadas ciclónicas. Entre estas estructuras naturales se encuentran los bosques de mangle, las playas rocosas y las dunas de arena. Ambos ecosistemas son fundamentales para la vida marina”, añadió la deponente.

A su vez, participó de la audiencia, Lourdes Irizarry Suau, residente de Isabela y portavoz para la Comunidad Shacks y para la organización comunitaria Rescate Playas Isabela, quien igualmente indicó no favorecer el proyecto. “La medida que estamos discutiendo hoy es muy laxa y se está haciendo más permisiva que lo actual. El reglamento actual no se está cumpliendo y esta medida creará aún más peligro para las comunidades existentes, al igual que las que se ubicarán en el futuro”.