Desde junio, sin que aparentemente se hayan enterado en el Departamento de Educación, el gobierno federal estableció que en los planteles hay que proteger la igualdad de estudiantes transgénero y de otras identidades sexuales.

Una combinación de decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y determinaciones administrativas de los departamentos de Justicia y Educación federales han resultado en que desde junio pasado sea obligación de los sistemas escolares que reciben fondos federales, públicos o privados, el reconocer la identidad sexual de cada estudiante y proteger la igualdad de género en todos los aspectos de las operaciones escolares.

La determinación federal no entra directamente en el contenido del currículo académico que ofrecen las escuelas, pero puede tener repercusiones en todo el entorno escolar cada vez que se registre algún trato desigual basado en el género con el que se identifique el estudiante.

Muy específicamente, la directriz está dirigida a evitar, por ejemplo, que a estudiantes transgénero se le prohíba usar el baño del sexo con el que se identifican, y se les obligue a usar el baño del género que tuvieron al nacer.

“Como han reconocido numerosos tribunales, las políticas o acciones escolares que tratan a los estudiantes gay, lesbianas o transgénero distintos a otros estudiantes causan daño", concluye la directriz de Educación federal.

Esta determinación ya es oficial para todo Estados Unidos y ocurre al margen de toda la discusión pública, demandas, discursos legislativos, marchas y burocracia que se ha desarrollado en Puerto Rico alrededor de los temas de diversidad de género en las escuelas.

El ejemplo del uso de baños por estudiantes transgénero en escuelas públicas tiene historial en la isla.

En enero de 2017, como parte de la evaluación del nombramiento de Julia Keleher como secretaria de Educación, el expresidente del Senado Thomas Rivera Schatz encabezó una ofensiva contra la nominada basándose en que quería saber qué pensaba sobre el uso de baños por parte de estudiantes transgénero y la posibilidad de que se le permitiera a los estudiantes usar los uniformes escolares según el género con el que se identifican en vez del asignado al nacer. En ese momento la funcionaria no dio contestación directa pero, con las directrices que entraron en vigor el 22 de junio pasado, el asunto está completamente aclarado y las escuelas podrían entrar en violación de derechos civiles si prohíben a estudiantes transgénero usar los baños o el uniforme del género con el que se identifican.

A pesar de semanas de solicitudes, el Departamento de Educación (DE) de Puerto Rico no ofreció una respuesta concreta sobre cómo se están integrando las nuevas directrices y en la lista de cartas circulares emitidas para este año escolar no figura alguna que las atienda.

El camino hacia las directrices comenzó el 15 de junio de 2020, cuando el Supremo federal decidió en el caso Bostock v. Clayton County, Georgia, que constituye una violación de derechos civiles el despedir a un empleado solamente por ser transgénero o gay. Esto, bajo el Título VII de la Ley Federal de Derechos Civiles que prohíbe el discrimen basado en sexo.

Luego, en enero de 2021, el presidente Joseph Biden dijo en su orden ejecutiva 13988 que la política de su gobierno es que “todas las personas deben recibir trato igual bajo la ley, no importa su identidad de género u orientación sexual”. A esto le siguió, el 26 de marzo, un memo de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal en el que se instruyó a las agencias que el mismo razonamiento que prohibió el discrimen a personas transgénero en el contexto laboral, aplica a la prohibición de discrimen por razón de sexo bajo el Título IX de la Ley de Educación Elemental y Secundaria. Este título es el que rige en todas las instituciones educativas que reciben fondos federales, como el DE y las instituciones de educación secundaria públicas y privadas. En el memo, se exhorta a las agencias a “asegurar la aplicación robusta y consistente del Título IX, en fomento del compromiso de que cada persona debe ser tratada con respeto y dignidad”.

Finalmente, el 22 de junio, la Oficina de Derechos Civiles de Educación federal emitió su interpretación de este memo y advirtió que van a abrir investigaciones “de alegaciones de que a un individuo se le ha discriminado en contra basándose en su orientación sexual o identidad de género en programas y actividades educativas”. “Esto incluye alegaciones de que a los individuos se les está hostigando, disciplinando de una manera discriminatoria, se le está excluyendo, denegando acceso o sometiendo a trato estereotipado en oportunidades académicas o extracurriculares y otros programas o actividades educativas, o se les está denegando el beneficio de dichos programas o actividades, o de alguna otra manera se les está tratando diferente debido a su orientación sexual o identidad de género”, añadieron.

Con el propósito de ser específico, el documento abunda en que van a atender querellas de individuos que “se identifican como varón, hembra o no-binario; transgénero o cisgénero; intersexuales; lesbianas, gay, bisexual, queer, heterosexual o de otras maneras”.

Como ejemplos, la directriz de Educación federal cita casos judiciales en los que a estudiantes transgénero se le prohibió usar los baños en el plantel escolar del género con el que se identifican o se le obligó a usar el baño del género que tuvieron asignado al nacer. También, casos en los que las autoridades escolares no fueron suficientemente proactivos en intervenir para evitar o detener el discrimen y hostigamiento de unos estudiantes contra otros estudiantes gay o transgénero.

El Supremo federal aportó un elemento adicional el 28 de junio de 2021 cuando decidió que no iba a atender un caso en el que un estudiante transgénero demandó a su escuela por no permitirle usar el baño correspondiente a la identidad sexual con la que se identifica. Esto tuvo el efecto de mantener la decisión apelativa en contra de la escuela y a favor del estudiante. Tras la decisión, el estudiante Gavin Grimm, un varón transgénero, le dijo al New York Times que había sido humillado al obligársele a usar el baño de la enfermería, baños privados o el de las hembras (que es su género asignado al nacer), lo cual “interfirió severamente con mi educación”. “Los jóvenes trans merecen usar el baño en paz sin ser humillados o estigmatizados por sus propias juntas escolares u oficiales electos”, expresó.

La Administración Pierluisi, particularmente a través de los departamentos de Educación y la Familia, se mantiene en curso para implantar un currículo con perspectiva de género que ha sido combatido por sectores religiosos que tienen como portavoces principales a la senadora Joanne Rodríguez Veve y la representante Lisie Burgos, ambas de Proyecto Dignidad (PD). Las legisladoras sometieron una demanda al respecto que perdieron, tanto a nivel de Primera Instancia como en el Apelativo. El 14 de agosto pasado se llevó a cabo una marcha llamada “No a la dictadura de género” y convocada por la Coalición Pro Vida y Familia. Al usar indistintamente los términos igualdad, equidad, perspectiva, ideología y dictadura de género, Rodríguez Veve mantiene una campaña en sus redes sociales y en medios de comunicación dirigidos a la comunidad cristiana en la que asegura que la protección de la igualdad de género es parte de una conspiración política del socialismo internacional.

El currículo con perspectiva de género comenzaría a regir en enero de 2022 pero, en cartas circulares curriculares sobre distintas materias, el secretario de Educación interino, Eliezer Ramos Parés, ya subrayó el 5 de agosto que “mientras implementan el currículo oficial de grado y la materia, los maestros integrarán el tema de ‘equidad de género y respeto a la diversidad’ utilizando el pensamiento crítico y creativo como un medio para prevenir la violencia y fomentar el desarrollo de una sociedad puertorriqueña pacífica, justa e igualitaria”.

Fuera del ámbito escolar, ya la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico identificó los prejuicios por el uso de baños de la comunidad transgénero como la motivación que dio paso al hostigamiento, y eventual asesinato, de la transgénero Alexa en el área de Toa Baja en febrero de 2020. Hay tres jóvenes de 19 años acusados a nivel federal por crimen de odio en conexión con ese evento y hay un sospechoso de asesinato identificado que no ha sido arrestado.

Para ver el memo del Departamento de Justicia federal, pulse aquí.

Para ver el aviso de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación federal, pulse aquí.