Los demandantes en el recurso son la AAPP y la AEE, los mismos que firmaron la carta de extensión de 2022.

Tras meses de guerra de cartas con el operador LUMA Energy por supuestos incumplimientos materiales del contrato de operación de la red eléctrica, la gobernadora Jenniffer González Colón recurrió a un evento de 2022 como su apuesta para disolver el acuerdo con el operador.

El evento ocurrió el 30 de noviembre de 2022, cuando el gobierno decidió extender el contrato con LUMA, denominado el “suplementario”. El acuerdo suplementario no es el de 15 años que también se firmó con el operador en 2020 porque ese no empieza a correr hasta que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) salga del caso de quiebra. Inicialmente, el suplementario duraba 18 meses. Cuando ese plazo llegó en 2022, el gobierno lo extendió. Pero, en vez de una cantidad de meses de duración, dispusieron que se quedaría vigente hasta que pasen dos cosas: que la AEE salga de la quiebra y que el Plan de Ajuste de Deuda que resulte de ese proceso sea “razonablemente aceptado” por LUMA.

Si el tribunal declara nula la carta de extensión, y habiendo pasado ya los 18 meses dispuestos en 2020, el gobierno entiende que la situación quedaría en que no hay un acuerdo suplementario. Es decir, sería como si le hubiera dicho que no en 2022 y, por lo tanto, puede acabar la relación contractual con LUMA sin probar más nada.

La extensión de 2022 fue materia de discusión pública amplia y hubo participantes del proceso que dijeron que demandarían por lo que había sucedido, pero nunca se materializó una impugnación de ese acto, hasta ahora. Ayer, en un “mensaje especial al pueblo”, la gobernadora anunció el recurso presentado en el Tribunal de Primera Instancia con argumentos que son los mismos que se discutieron en 2022. Hasta anoche, el Tribunal Supremo no se había expresado sobre una petición simultánea para que acojan el recurso y lo resuelvan directamente Mientras tanto, el juez superior Arnaldo Castro Callejo señaló vista presencial para el 22 de diciembre.

En el mismo mensaje, y en comparecencias posteriores, González Colón confirmó que su administración lleva “meses” dialogando con operadores de sistemas eléctricos para sustituir a LUMA. La funcionaria hizo hincapié en que esos operadores “no (son) de Canadá”. LUMA es un consorcio compuesto por dos compañías, una canadiense (ATCO) y otra tejana (Quanta Services). Su primer presidente, Wayne Stensby, provenía de ATCO, pero después de su salida del cargo en 2023, quien aparece públicamente defendiendo el trabajo de la empresa en la isla es Earl “Duke” Austin, presidente de Quanta. A través de una subsidiaria organizada en la isla, y en cuya gerencia figura el exzar de Energía, Francisco Berríos Portela, Quanta también ha adquirido contratos relacionados con la reconstrucción de la red. Más recientemente, $602.5 millones en dos acuerdos.

En declaraciones escritas, LUMA argumentó que, con todo y la presentación de la demanda, aún esperan un “aviso de cancelación o terminación” del contrato. “Los intentos de invalidar el contrato en este momento o de cambiar los términos de un contrato legalmente vinculante envían un mensaje preocupante a cualquier empresa que esté considerando hacer negocios o invertir en Puerto Rico. Esta acción también podría interrumpir la continuidad en un momento crítico, atrasar aún más los proyectos dirigidos a mejorar el sistema eléctrico, aumentar el riesgo de interrupciones, atrasar el tiempo de restauración y retrasar mejoras financiadas con fondos federales”, añadieron.

Los demandantes en el recurso son la AAPP y la AEE, los mismos que firmaron la carta de extensión de 2022. Pero, en una primera nota al calce, plantean que están impugnando una acción que ocurrió bajo “la antigua Administración del Honorable Pedro Pierluisi Urrutia” y que los involucrados son el “antiguo director” de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Fermín E. Fontanés Gómez, y el “el antiguo Director” de la Junta de Gobierno de la AEE, Fernando E. Gil-Enseñat. Por LUMA, la firmaron Stensby y Mario Hurtado. Ninguno de los cuatro está en sus respectivas posiciones hoy y el recurso resalta que el exdirector ejecutivo de la AEE, hoy zar de Energía y director de la AAPP, Josué Colón Ortiz, rehusó firmar la carta de extensión.

Cuando presentó la extensión del contrato en 2022, el entonces gobernador Pedro Pierluisi Urrutia se expresó confiado en que resistiría cualquier reto legal. “Conocemos estas leyes al dedillo y el equipo legal está más que preparado… Entonces, se ha hecho como Dios manda”. “Yo las leí, las estudié, personalmente. Aquí no hay margen de interpretación, no hay ambigüedad alguna en las leyes. Lo dije en arroz y habichuelas. Esta transacción no conlleva la creación o el establecimiento de una nueva APP”, añadió sobre las leyes de la AAPP y la de transformación del sistema eléctrico. Detalló que no puso un término de tiempo específico porque no se sabía cuándo terminaría el proceso de quiebra.

Los representantes del interés público en la junta de la AAPP, Eduardo Ferrer Ríos y Liza Ortiz Camacho, se abstuvieron de la votación sobre la extensión y el de la junta de la AEE, Tomás Torres Placa, votó en contra.

Los fundamentos que el gobierno ahora presentó al tribunal son que la extensión necesitaba el voto afirmativo de los dos miembros del interés público en la junta de la AAPP; que no se obtuvo un Certificado de Cumplimiento Energético por parte del Negociado de Energía; que no se sometió a la aprobación de la Asamblea Legislativa; y que no tiene un término de vigencia fijo. Esto último, subrayaron, dejó al pueblo de Puerto Rico atado a LUMA sin ningún mecanismo para salirse del contrato suplementario como fue originalmente, que había una oportunidad de terminarlo a los 18 meses. Un análisis del Colegio de Abogados y Abogadas de octubre de 2024 ya había señalado las deficiencias legales de la carta de extensión.

En otra nota al calce, dicen al tribunal que la reclamación no tiene nada que ver ni con los términos del contrato suplementario, ni con los del contrato de 15 años, sino solo con la forma en que se hizo la extensión. Por tanto, “no hay nada que mediar y/o negociar con LUMA”.

Para ilustrar por qué LUMA quiere quedarse con la extensión como está, la AAPP y la AEE detallaron que, durante la extensión, el operador no está sujeto a las métricas de cumplimiento que le aplican bajo el acuerdo de 15 años; que en la extensión solo ellos deciden cuándo empieza ese contrato porque está sujeto a que aprueben el plan de ajuste en la quiebra; y que bajo la extensión se ganan más. Bajo el acuerdo de 15 años, su compensación pactada son $70 millones anuales (y otros posibles $13 millones si cumplen con métricas), pero bajo el suplementario ganan $115 millones que se ajustan por inflación y que ya van por $139 millones, sin tener que preocuparse por ninguna métrica de desempeño.

La demanda pide al tribunal una orden para que en 48 horas LUMA le entregue 33 categorías de información que estiman necesarias para la transición. El juez denegó conceder eso de manera urgente, pero es un asunto que queda vivo en el caso.

Vea:

Extensión del contrato de LUMA será hasta que AEE complete reestrucuturación de deuda

Lea aquí la demanda: