La determinación es parte de esfuerzos adicionales de fiscalización de decretos contributivos que implantó la nueva administración.

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) notificó el martes pasado la revocación de su decreto contributivo al inversionista residente Fahad Ghaffar, pieza clave en el caso federal contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y con una trayectoria larga de controversias públicas y de conflictos legales con quien fuera su patrono en varios proyectos de la isla, el billonario inversionista John Paulson.

La agencia divulgó su decisión el jueves durante una mesa redonda sobre sus iniciativas de fiscalización de todos los tipos de decretos contributivos, incluyendo los de inversionistas (antigua Ley 22) y los de comercios dedicados a exportación (antigua Ley 60).

El director de la Oficina de Incentivos para Negocios (OIN), Ernesto J. Zayas García, dijo que la revocación fue resultado de una “confidencia”. Cuando NotiCel preguntó por qué fue necesaria una “confidencia” ahora para tomar la acción, en vez de los múltiples asuntos legales en los que Ghaffar se ha visto involucrado por años, el funcionario dijo que “yo no puedo hablar de lo que haya pasado en años anteriores”. Paulson y Ghaffar están inmersos todavía en controversias legales resultado del rompimiento de la relación profesional que tuvieron.

Junto a Paulson, y también por su cuenta, Ghaffar había mantenido un perfil alto en círculos políticos y legislativos. En noviembre de 2022, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y su hermana se reunieron con ambos en el hotel Condado Vanderbilt, propiedad de Paulson. Antes, la gobernadora Vázquez Garced había publicado una reunión que sostuvo con Ghaffar en La Fortaleza. En una demanda, que fue transada fuera de corte, se aseguró que Ghaffar se jactaba de haberle regalado un BMW de lujo al exjuez y exprimer caballero, Jorge Díaz Reverón. El inversionista negó esto.

Vázquez Garced fue una de las invitadas en la boda de Ghaffar, celebrada en Río Grande. Ese hecho, así como la relación del inversionista con la mandataria y el banquero Julio Herrera Velutini, fue uno de los hilos conductores en la acusación federal que se presentó contra ambos por soborno, pero que se redujó a un delito electoral menos grave. Debido al desenlace del caso, no se presentó ninguna evidencia. Ghaffar no está acusado en el caso. Su testimonio como cooperador se anticipaba, pero ahora no ocurrirá.

El DDEC no divulgó la razón específica para la revocación del decreto que Ghaffar tiene desde 2014, ni si su efecto es solamente prospectivo o también retroactivo. El abogado José Andreu Fuentes, representante de Ghaffar, dijo a NotiCel que van a solicitar reconsideración y que “estamos seguros que cuando el DDEC reciba toda la información correcta la decisión de revocar el decreto se dejará sin efecto”.

Los decretos, particularmente a inversionistas residentes, han sido objeto de presión congresional contra el Tesoro federal que, a su vez, ha empujado al Departamento de Hacienda por mayor información y transparencia. El gobierno federal también anunció que arreciaría investigaciones criminales sobre estos trámites, pero solo ha producido un puñado de pesquisas sin consecuencia mayor.

NotiCel publicó hace un mes que un caso federal de fraude contributivo contra el contador público autorizado Gabriel Hernández Colón, exadministrador de la firma BDO Puerto Rico, terminó sin juicio, con un desvío y sin más procesamientos criminales asociados. Ayer, ni Zayas García ni el secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, pudieron contestar si la agencia había realizado algún tipo de auditoría de los decretos que tramitó Hernández Colón, quien era uno de los principales campeones públicos de las leyes 20 y 22.

En la mesa redonda, los funcionarios presentaron datos del informe de transición que dan cuenta que, de 15 tipos de decretos, en el cuatrienio pasado solo se auditaron los de inversionistas y de exportación. Específicamente, de 763 decretos auditados, hubo notificación de deficiencia para 264 y anulaciones para 133. Esto parecería apuntar a que más de la mitad de los auditados (397), tenían fallas suficientes como para tomar acción en su contra. “Tendría que preguntarle a los secretarios anteriores”, fue la respuesta de Negrón Reichard cuando se le preguntó si era satisfactorio que aparentemente más de la mitad de los auditados reflejaran problemas.

El secretario, sin embargo, está manteniendo como consultores a la misma empresa, Ecoval LLC, que estaba a cargo de las auditorías de los incentivos el cuatrienio pasado. El administrador de la empresa era Eduardo Soria Rivera, actual director de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3). “Nosotros tomamos las decisiones, los consultores hacen lo que se le indica. Yo estoy cómodo con que el liderazgo de esta agencia está enfocado en la fiscalización”, dijo sobre esto. Ecoval acumuló con el DDEC contratos con valor de $5.4 millones para su consultoría.

“La meta no es revocar decretos, sino prevenir incumplimiento… queremos proteger la Ley de Incentivos”, afirmó el secretario. Añadió que su anuncio de mayor fiscalización “está motivado por seguir la ley”, cuando se le preguntó si respondía a presión del gobierno federal.

Durante el 2025, los incumplimientos más comunes que han detectado son: no radicar informe anual, no someter evidencia de la radicación de planillas en Hacienda, no evidenciar la compra de una propiedad inmueble en la isla, no hacer las donaciones que requiere la ley, falta de juramento sobre que residen en Puerto Rico y la omisión de declaración jurada de aceptación incondicional del decreto. Desde 2026, el incumplimiento con la fecha de radicación del informe anual va a generar un aviso de multa automático, como ocurre con los informes corporativos en el Departamento de Estado.

Después de hacer las notificaciones y dar oportunidad de corregir, estos incumplimientos han generado cuatro revocaciones y 19 anulaciones en lo que va de año. Cuando hay anulación, los beneficiarios quedan expuestos a responsabilidad contributiva por todos los años en que tuvieron el decreto porque la anulación es como si el decreto nunca se hubiera emitido. Cuando hay revocación, se puede hacer retroactiva al primer año del incumplimiento.

La agencia explicó que creó un Comité de Auditoría de Cumplimiento y que, particularmente sobre las solicitudes para decretos de inversionistas residentes, van a puntualizar en certificado de antecedentes penales que cubra el año más reciente de su lugar de residencia, una investigación de antecedentes (“background check”) del mismo año en que se considera la solicitud, y de verificación final en fuentes públicas antes de que la solicitud se someta al secretario para aprobación. Este filtro provocó la denegación de 34 solicitudes y el retiro de otras 27.

La intención es dejar fuera a “personas que no aportan al mejor interés de Puerto Rico”, subrayó Zayas García.

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