La Junta de Supervisión Fiscal y un grupo de bonistas se enfrascan en recriminación pública sobre por qué se ha alargado la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica.

Si un grupo de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) obtiene su meta de que se le repague toda su deuda, con intereses y cargos aplicables, el abonado promedio estará décadas pagando al menos $64 mensuales por encima de cualquier otro gasto que se tenga que recuperar en la factura.

El dato lo usó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en una declaración que emitió el viernes en la noche para contrarestar el ataque que recibió de parte de estos bonistas por el apagón de Semana Santa.

El jueves, Assured Guaranty Inc., GoldenTree Asset Management LP, National Public Finance Guarantee Corporation, el Grupo PREPA Ad Hoc y Syncora Guarantee, Inc. responsabilizaron a la Junta porque en casi una década desde su creación no habían podido conseguir un acuerdo que pusiera fin a la quiebra y permitiera a la corporación pública recurrir otra vez al mercado financiero para obtener los fondos que necesita para reconstruir la red eléctrica.

Según esta coalición de bonistas litigantes, que representan casi el 60% de la deuda, el “fracaso total” de la Junta con su manejo de la AEE ha dejado mucho dinero a los consultores del ente fiscal, pero provoca apagones para los residentes de la isla. Insistieron en la oferta que hicieron para cerrar la quiebra y que incluye un préstamo de $2,500 millones para mejorar la infraestructura.

Pero la Junta ripostó que esa oferta parte de la premisa de que los bonistas van a cobrar toda su deuda, junto con intereses y cargos, lo que los mismos bonistas sumaron en $12,166 millones en un documento que sometieron en enero al Negociado de Energía (NE). La postura de la Junta desde principios de año es que la AEE no genera “ingresos netos” para repagar a los bonistas y que este pago no saldrá de la tarifa sino que el gobierno tendrá que identificar alguna otra fuente recurrente de ingresos.

El ente fiscal precisó que acceder a esta exigencia de los bonistas se traduce a un cargo de ocho centavos el kilovatio hora (kv/h) por $50 años. De acuerdo a la fórmula que el NE utiliza para comunicar sus ajustes trimestrales en la factura, el abonado residencial promedio consume 800 kv/h, así que el repago total de la deuda sumaría $64 a la factura mensual, por 50 años. Esto es por encima de cualquier cantidad de tarifa básica (la cual la Junta ya anticipó que aumentará) y de cualquier cantidad mensual que haya que sumar por concepto de compra de combustible. El ajuste trimestral más reciente (vigente hasta junio) resulta en un pago total de 25 centavos por kv/h y en una factura promedio de $203.92. Si estuviera vigente el repago total de deuda, por ejemplo, esa factura sería de $267.92 mensuales.

Aparte de los ocho centavos kv/h que entrarían para pagar la deuda total, también está sobre la mesa añadir dos centavos kv/h para pagar las pensiones de la AEE. La Junta ya ordenó a LUMA pedir al NE un ajuste de emergencia para añadir a la factura el pago de pensiones, pero el gobierno ha conseguido evitarlo hasta ahora identificando otras fuentes para ese pago.

“El pago completo de la deuda de bonos de la AEE, más los intereses, es inasequible”, planteó el ente fiscal en su riposta al puntualizar también que ellos no operan el día a día de la AEE. “Los bonistas no consentidores mantienen el proceso como rehén con exigencias que el pueblo de Puerto Rico simplemente no puede pagar”, dijeron también al resaltar que algunos de los acreedores que se resisten a un acuerdo compraron bonos cuando ya la AEE estaba en quiebra. Esto implica que no están perdiendo dinero, sino buscando ganar, porque no compraron a precio completo, pero quieren que se les pague a precio completo.

La recriminación pública ocurre a la vez que se atrasó hasta el 3 de julio el plazo para que LUMA divulgue la petición que comenzaría formalmente el primer proceso de revisión tarifaria en ocho años. Con ese documento se sabría por primera vez cuál es la dimensión del aumento en la tarifa básica. La tarifa nueva entraría en vigor en 2026, pero el NE puede establecer antes de eso una nueva tarifa provisional, así como que podría imponer cargos de emergencia como, por ejemplo, para pagar las pensiones.

Los bonistas ya mostraron intención de intervenir formalmente en la revisión de tarifa para asegurarse de que el cálculo incluya dinero para repagar su deuda.

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