Después de años de letargo, y justo cuando el Presidente Biden ordena mayor proactividad del gobierno federal sobre la red eléctrica de la isla, la Junta de Supervisión Fiscal parece reactivar su facultad para el trámite expedito de algunos proyectos.

Justo cuando el presidente Joseph Biden ordenó al Departamento de Energía federal (DOE en inglés) asumir un rol más proactivo en la reconstrucción de la red eléctrica de Puerto Rico y en la meta de integración de energía renovable, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dio señales ayer de que están reviviendo los poderes que tienen bajo la Ley PROMESA para designar «proyectos críticos» y pastorearlos por el proceso de permisos para que tengan una evaluación expedita.

Los «proyectos críticos» son un concepto que PROMESA contiene en su Título V, una de las pocas herramientas del estatuto que se supone indica directamente sobre desarrollo económico de la isla, en vez de solo reestructuración de deuda e intervención en las operaciones fiscales del Gobierno de Puerto Rico. Pero es la facultad menos usada. De hecho, solo hay un solo «proyecto crítico», el desarrollo residencial Viewpoint at The Park que se desarrollaría en Hato Rey pero que está detenido.

El Título V provee para el nombramiento de un Coordinador de Revitalización que está vacante desde febrero de 2019, cuando renunció la única persona que ha ocupado el cargo en propiedad, Noel Zamot, en medio de alegaciones de que elementos del gobierno estaban interviniendo para obstaculizar la ejecución de los poderes del ente fiscal bajo ese título. Después del huracán María, la JSF intentó designar a Zamot como «Oficial de Transformación» de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), pero la Administración Rosselló Nevares se opuso y el tribunal federal le dio la razón.

Cinco años después, con los efectos de un segundo huracán (Fiona) sobre la red eléctrica y con el sistema de generación deteriorado al punto de que los abonados están expuestos a apagones casi diarios, hay apoyo en el Congreso para que la reconstrucción sea centralizada en un ente fuera del gobierno de Puerto Rico. Además, el presidente Biden, en su visita reciente a Ponce, anunció que había pedido a la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, que lidere un esfuerzo «sobrecargado» del gobierno federal para la reconstrucción de la red. Todavía nadie ha detallado en qué consiste ese esfuerzo, pero hoy la Secretaria tiene pautada una visita a la isla.

En dos comunicaciones publicadas ayer, la JSF dijo a la AEE y a Clean Flexible Energy LLC que sometieran la solicitud para que 18 proyectos de energía renovable autorizados en marzo pasado fueran tramitados bajo el Título V como «proyectos críticos». Las comunicaciones no significan que ya los proyectos están designados «críticos», sino que invitan a los proponentes a que soliciten esa designación, lo cual es la primera vez en más de tres años que el ente fiscal da indicios públicos de que se reactiva esa estrategia. Clean Flexible Energy es una filial de AES, la empresa privada que provee energía eléctrica a base de carbón con una planta en Guayama.

La Ley 17 de 2019 mandata que para 2050 el 100% del consumo de energía en la isla sea de fuentes renovables y, como meta intermedia, que el 40% de la generación sea de fuentes renovables en 2025.

Javier Rúa Jovet, Primer Oficial de Política Pública de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA en inglés), indicó que para lograr esta meta es «imprescindible» construir parques solares de gran escala.

«Pero hay que construirlos, y un gran obstáculo en múltiples gestiones en la isla es el indomable e impredecible mundo de la llamada ‘permisología’. Si el Título V de PROMESA ayuda en ese respecto, esto será un gran avance para el país, en cumplimiento de la política pública energética legislada. Ya el Negociado de Energía (NE) y la (JSF) aprobaron 900 megavatios de fotovoltaicos y el NE inició la subasta de 1,000 megavatios adicionales. De ser construidos, Puerto Rico saltaría de 4% a cerca de 25% de generación renovable y sería un ejemplo al mundo de cómo moverse rápidamente a un nuevo paradigma de autonomía energética mediante fuentes limpias”, argumentó.

La intervención de la Junta con la estrategia de «proyectos críticos» aplica a propuestas con inversión privada, por lo que se ha indicado que no sería aplicable a la reconstrucción de la red que ocurra con los casi $12,000 millones en fondos federales de distinta fuente que están separados para esa tarea después del huracán María.

La aceleración de los proyectos con esos fondos bajo el liderato del DOE es una incógnita en este momento porque la intervención que se conocía de ese departamento antes del anuncio de Biden era la iniciativa PR 100, una gestión de dos años al cabo de los cuales se producirían recomendaciones de cómo se puede lograr que 100% de la generación venga de renovables en 2050. Pero esas recomendaciones no tienen obligación vinculante para ninguna de las partes, ni el gobierno de Puerto Rico, ni el operador privado de la red, LUMA Energy LLC, que gestiona los proyectos con fondos federales en nombre de la AEE.

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