El economista argentino Bernardo Kliksberg, principal asesor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el Desarrollo Humano, señaló que las recientes medidas que se han adoptado a nivel internacional para limitar las operaciones de los fondos buitres y la evasión contributiva de las multinacionales son un paso hacia adelante, que repercuten sobre Puerto Rico.

En entrevista con NotiCel, Kliksberg, manifestó que ‘Puerto Rico forma parte de un mundo que está atravesando por una crisis económica importante. Y su gente está sufriendo las secuelas de la crisis del 2008-2009, que arrancando el Wall Street, impactó todas las economías del mundo. Esa crisis estructural, crisis del sistema económico, es la segunda mayor crisis después de la del 1930. Hizo caer el Producto Bruto Mundial, bajar el comercio mundial, empobreció todavía más al inmenso sector pobre de la economía mundial y sigue operando porque como dijo el Papa (Francisco) en el Congreso de Estados Unidos, no se han tomado las medidas para conjurar algunas de sus causas. Una de sus causas centrales es la desregulación de los mercados financieros’.

Esa desregulación de los mercados financieros termina haciendo mucho daño y favorece a unos pocos. Por eso, Kliksberg ve con buenos ojos las movidas para establecer regulaciones sobre ciertas transacciones, las que reconoce que enfrentarán ‘la resistencia de los intereses que afectan’.

Una de las medidas es la Resolución aprobada recientemente por la Asamblea General de la ONU, que adopta siete principios para poner límites a la operación de los fondos buitres, tomando en cuenta casos como el de Argentina, Asia y África. La Resolución establece los principios para un proceso reestructuración de deuda.

Aunque, Kliksberg puntualizó que ‘la Asamblea no es impositiva, sino que esas resoluciones se espera que los países cumplan. Pero es un gran avance’.

Este diario digital le trajo a la atención que Puerto Rico al tener prácticamente cerrado el acceso a los mercados financieros ha tenido que recurrir a los fondos buitres para lograr obtener algún tipo de financiamiento. Se le destacó que en el país se ha cuestionado la falta de transparencia del Gobierno en proveer detalles sobre estas transacciones.

Kliksberg manifestó que no conocía detalladamente la situación de Puerto Rico, pero afirmó que conoce muchos detalles de la experiencia que han tenido otros países. Argumentó que estos han tenido que afrontar los costos sociales por el uso de este tipo de transacciones, mientras que han visto limitados los beneficios.

Los países que han enfrentado estas situaciones están buscando articular medidas protectoras, a la vez que potencian la economía local. En esa línea, el también Presidente de la Red Iberoamericana de Universidades por la Responsabilidad Social Empresarial, sostiene que en esa ecuación las pequeñas y medianas empresas (PYMES) son un motor importante para el desarrollo de la economía y el vehículo para generar más empleos.

‘Siempre hay políticas posibles para potenciar las pequeñas y medianas empresas, por más limitados que sean los recursos… Las pequeñas y medianas empresas son caminos sanos de crecimiento económico. Generan muchos más empleos que las operaciones de las macroempresas. Generan empleos de mejor calidad’, observó.

De otro lado, resaltó que otra de las medidas importantes que se han dado recientemente en torno a regulaciones, ocurrió esta semana cuando los ministros de finanzas del grupo G-20 avalaron un paquete de 15 medidas que buscan limitar las prácticas fiscales de las multinacionales para evadir impuestos. Para el desarrollo del denominado Proyecto OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), se llevó a cabo un proceso de consulta a los países miembros de la OCDE, del G20, países en desarrollo, la comunidad empresarial, sindicatos de trabajadores, académicos y organizaciones de la sociedad civil. Las propuestas serán evaluadas por los Jefes de Estado del G20, en un encuentro a efectuarse el próximo noviembre en Turquía.

De acuerdo a Kliksberg, el estudio de la OCDE demuestra que estas prácticas están ‘desfinanciando las finanzas de los mismos países ricos. Reducen totalmente sus ingresos fiscales. Entonces se adoptó esta resolución esta semana, recogiendo todas las conclusiones del informe de la OCDE. A partir de aquí se espera que haya reglamentos detallados sobre esto’.

Estimados conservadores de la OCDE apuntan a que la utilización de los BEPS ha provocado la pérdida de entre $100,000 millones y $240,000 millones anuales. Esto equivale a entre un 4% a un 10%, de la recaudación global de impuestos sobre sociedades.

‘Dado que los países en vías de desarrollo dependen más, en porcentaje de la recaudación fiscal, de los ingresos procedentes de este impuesto, se estima que en dichos países el impacto de BEPS es especialmente elevado’, destacó la OCDE en un parte de prensa.

Kliksberg llegará a Puerto Rico mañana para participar de una serie de actividades.