La Legislatura Municipal de San Juan autorizó el viernes, a la administración de la alcaldesa, Carmen Yulín Cruz, que cree una comisión para evaluar los efectos que podría tener el Plan de Reforma Fiscal en las finanzas municipales y en terminos del posible impacto en los servicios que se brindan a la ciudadanía y a los comerciantes.

En una resolución presentada por el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), licenciado Marco Rigau y aprobada unánimente con la participación de las minorías del Partido Nuevo Progresista (PNP) e Independentista Puertorriqueño (PIP), la LMSJ favorece que el gobierno renegocie la deuda pública pero ‘no favorecemos que se recorten los servicios que el gobierno ofrece a la ciudadanía actualmente’.

La resolución destaca además que ‘reconocemos como Legislatura de la Capital que es necesario, para atender correctamente los problemas existentes y futuros, lareconsideraciónde las relaciones económicas y político jurídicas de Puerto Rico con Estados Unidos para que Puerto Rico pueda tener los poderes necesarios para desarrollarse exitosamente en el mundo contemporáneo y futuro’.

El Plan de Reforma Fiscal propone, entre otras cosas, una transición del actual Impuesto al Consumo (IVU) al impuesto de valor añadido (IVA), mejorar la manera en que se recauden los impuestos del Estado, reducir el gasto gubernamental, eliminar subsidios incluyendo los otorgados a los municipios y a la Universidad de Puerto Rico y controlar el costo del sistema de salud.

‘En la implementación de este Plan los recursos del municipio podrían verse afectados, pues según el Plan está escrito podría afectarse la aportación que hace el municipio a la Administración de Servicios de Salud (ASES)’, esto afectando no solo a residentes de San Juan sino a ciudadanos de todo Puerto Rico. La administración municipal de San Juan aporta unos 64 millones de dólares, el municipio de mayor aportación al plan de salud.