A propósito de la celebración del Año de la Planificación, la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, manifestó su apoyo a la propuesta legislativa de cobrarles impuestos más equitativos a las megatiendas y exigir que depositen su dinero en la banca de Puerto Rico.

La Cámara está en conversaciones con el Secretario del Departamento de Hacienda, en cuanto a la viabilidad de acoger las propuestas de recaudo de tres representantes populares que entienden que de haber ajustes al proyecto de Reforma Contributiva, el Gobierno puede aumentar sus ingresos subiendo a 6% la contribución mínima alterna en las compras que las megatiendas le hacen a las matrices –conocido como ‘transfer pricing’-, y/o imponer una sobre tasa a los negocios con ingreso bruto anual de sobre $600 millones.

‘Puerto Rico necesita hoy, más que nunca, y con carácter urgente de una legislación que defienda y proteja a nuestros empresarios puertorriqueños y unas políticas y reglamentos que ayuden a cumplir con esta legislación para fortalecer la economía’, indicó en comunicación escrita la presidenta de la organización, Martha Quiñones.

La Sociedad plantea que las megatiendas, entre otras empresas foráneas, han causado el cierre de miles de comercios a la vez debilita muchas otras. Para compensar este desplazamiento a los empresarios puertorriqueños, las empresas foráneas se escudan en que les compran a productores locales, pero encubren el principal problema de la pérdida de empleos por sus prácticas acaparadoras y el subsidio que reciben de parte del Estado para esos empleos, muchos a jornada parcial, con salarios mínimos, y muy pocos beneficios marginales.

‘Si bien es cierto que las megatiendas crean empleos, destruyen más de los que crean y para colmo reciben cuantiosos subsidios y exenciones, lo que no es así para los empresarios de aquí. Otro de los problemas es que desangran a Puerto Rico, pues el dinero que reciben se va hacia los Estados Unidos por transferencias electrónicas casi de inmediato’, afirmó Quiñones.

La Sociedad hizo un llamado para exigirle al gobierno una agenda para reconstruir la economía respondiendo a las necesidades locales. ‘No es proteccionismo, es poder consolidar un empresariado dinámico, es crear empleos decentes, es ayudar a que nuestros empresarios estén en igualdad de condiciones para que puedan ser el motor de nuestra economía. En otras palabras, más justicia para nuestros productores y comerciantes nativos que redunde en beneficio del pueblo puertorriqueño en general’, concluyó.