La Junta de Planificación (JP) está recibiendo prueba sobre los efectos que tendría el propuesto desarrollo de Plaza Las Americas en el terreno aledaño al centro comercial de Hato Rey y que, en un área de 11.24 cuerdas, desplegaría un complejo turístico y comercial.

La discusión en la vista del martes se centró en si el proyecto propuesto por la empresa Fringe Area IV, cuyos únicos accionistas son la familia Fonalledas, es una extensión de Plaza las Américas o un proyecto separado para así determinar si se evalúa como un proyecto subregional o supraregional.

La empresa Fringe Area IV, LLC planifica desarrollar un proyecto comercial-turístico que consta de dos edificios unidos por un estacionamiento de dos niveles. Se propone que uno de los edificios se dedique para ventas al detal y que en el segundo se establezca un hotel de aproximadamente 250 habitaciones. Estos terrenos fueron parte de una finca adquirida por la familia Fonalledas en 1918, y que luego fueron expropiados por el Gobierno en 1954. La Familia los compró nuevamente por unos $24 millones a pesar de tener un valor mucho mayor por su localización.

De acuerdo con estudios económicos preliminares realizados por los proponentes, el proyecto fortalecerá la actividad económica en San Juan ya que en una propiedad que está prácticamente en desuso, se estima se invertirán más de $75 millones durante la etapa de construcción y se crearán más de 675 empleos. Se espera que una vez esté operando, el proyecto provea 540 nuevos empleos permanentes.

Las empresas Ashley, dueños de una mueblería cercana a Plaza, presentaron como perito a Héctor Morales, quien fue presidente de la JP bajo la Administración Fortuño, para discutir su opinión sobre la forma en que se ha evaluado el proyecto.

La estrategia de Ashley es lograr que el proyecto tenga que ser sometido otra vez mientras que los proponentes buscan que se continúe el proceso de permisos en la JP.

La propuesta del proyecto comercial de 210 mil pies cuadrados y hotel se radicó en el municipio de San Juan, entidad que debido al tamaño del mismo lo refirió a la Oficina de Gerencia de Permisos pero luego de un cambio en ley, se remitió a la JP en un proceso que incluyó vistas en los tribunales.

Morales dijo que luego de examinar expedientes, estudios de viabilidad y otros documentos, entiende que el proyecto es uno subregional por la cantidad de pies cuadrados pero supraregional por su impacto económico y cercanía a Plaza las Américas, el centro comercial más grande del Caribe.

'Cuando se habla de un hotel de 250 habitaciones y estacionamiento y a esto le añades que tiene Plaza las Américas, tienes un proyecto supraregional ya que impactará varias regiones', explicó.

Morales dijo que entendía que el proyecto debía de evaluarse en forma integrada porque 'es una extensión de Plaza las Américas'.

Su comentario fue objetado por Daniel Martínez Oquendo, abogado de Fringe quien resaltó que tanto Plaza como el proyecto pertenecen a dos corporaciones distintas.

Morales refutó el argumento diciendo que Plaza las Américas estaba usando a Fringe como 'un subterfugio' para hacer lo que llamó una expansión del centro comercial. Para sustentar su posición, dijo que en el expediente había una carta firmada por Jaime Fonalledas en abril del 2012 que hablaba sobre la compraventa de los terrenos de la Guardia Nacional y que establecía que los mismos se comprarían por Plaza las Américas o una entidad designada.

Martínez exigió que presentara prueba de que era un subterfugio. Arguyó que la carta fue firmada antes que la corporación comprara los terrenos en diciembre del 2012 y que esa carta era meramente una de intención de compra que no tenía que ver con el caso en cuestión. 'La empresa es una distinta a Plaza las Américas', dijo al protestar el que Morales estuviera dando opiniones legales sin ser abogado.

En torno al proceso que se siguió para evaluar el proyecto, Morales testifico que hubo varios incumplimientos en ley porque la vista inicial del proyecto se pautó para un 25 de junio del 2014 luego de habérsele notificado a las otras partes y poner aviso en un periódico un 6 de junio. 'Fueron 19 días y no 30 días como requiere la ley', dijo. 'Estos errores de convocatoria impedían que la Junta pudiera comenzar las vistas pues no se convocó adecuadamente a la ciudadanía', sostuvo.

Destacó que en la documentación se obviaron opiniones de varias agencias como la Compañía de Comercio y Exportación y el Instituto de Cultura, entidad que debió comentar sobre la demolición del edificio de la Guardia Nacional. También se obvió establecer cómo el proyecto cumple con planes de ordenación territorial.