El vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Manuel Reyes Alfonso, requirió el lunes más apoyo para la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia, la cual opera solamente con dos personas.

‘La realidad es que en el sector comercial, y esto ha sido una queja de MIDA, no hay información de lo que está pasando en el mercado en cuanto a competencia. La Compañía de Comercio y Exportación no hace estudio sobre mercado y sobre la competencia. La Oficina de Asuntos Monopolísticos, tampoco. La Junta de Planificación, tampoco. El problema con esas cosas es que se toman decisiones, sin información. Estamos todo el tiempo con decisiones, sin la información necesaria. Incluso, la Asamblea Legislativa no cuenta con los recursos para saber qué es lo que está pasando allá afuera’, sostuvo Reyes Alfonso durante una vista pública.

La Comisión de Relaciones Laborales, Asuntos del Consumidor y Creación de Empleos, que preside el senador Luis Daniel Rivera Filomeno, considera la Resolución del Senado 113, que ordena ‘realizar una investigación continua en torno a todo asunto relacionado con la fijación de precios, alquileres, tarifas, ofertas y calidad de productos; estudiar aquellos aspectos de competencias, el monopolio en sus diversas manifestaciones, ventas a plazos, financiamientos y crédito que afecten al consumidor; estudiar todo lo relacionado con anuncios de publicidad, servicios y educación al consumidor, servicios al ciudadano prestados por todas las entidades gubernamentales; investigar contrataciones de servicios, ya sean de mejoras, construcción de residencias y comercios, instalaciones y reparaciones eléctricas y de plomería, impermeabilización de techos, y todo tipo de servicios al hogar y comercio; estudiar la viabilidad de establecer mecanismos que garanticen al consumidor el cumplimiento por los contratistas de los servicios que brindan; estudiar aquellas funciones, procedimientos y ejecutorias sobre la mediación de conflictos en torno a reclamaciones por ciudadanos y/o cualquier otro servicio que se provea del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO)’.

Mientras tanto, la directora de Asuntos Legales y Legislativos de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Blanca I. Mera-Roure, señaló que la Cámara no se opone a la implantación de medidas que tienen como objetivo salvaguardar los derechos de los consumidores puertorriqueños, pero, sin embargo, entiende que este asunto ya se encuentra debidamente recogido por las leyes y reglamentos vigentes.