El estudio de 2009 que sirve de base a la portada de El Nuevo Día de hoy ya fue presentado a la Legislatura ese mismo año, está suscrito por uno de los actuales asesores del Departamento de Hacienda, y no contiene base científica para su proyección de que Puerto Rico perdería 100,000 empleos si el credito del gobierno llega al nivel de chatarra.

El estudio tiene fecha de febrero de 2009, antes de que la Administración Fortuño ejecutara las disposiciones de la Ley 7 que provocó el despido de unos 30,000 empleados públicos, una acción que no evitó que el crédito de la Isla esté hoy en un punto peor que el que estaba antes de 2009.

Su publicación hoy coincide con los intentos del Ejecutivo de salvar algo de su plan de aumento de impuestos ante el embate legislativo, y enfila la discusión hacia el lunes cuando se espera que unos legisladores, y un Gobernador, fresquecitos de sus viajes en medio de la crisis, tomen decisiones finales sobre las medidas de imposición contributiva que van a meter en el presupuesto que comienza el 1 de julio.

Además de los cuatro años de viejo que ya tiene el análisis, del propio documento se desprende que los cálculos del efecto de la degradación están basados en el supuesto de que el déficit del gobierno son $2,400 millones.

Pero, tan reciente como el 23 de mayo pasado, la secretaria de Hacienda, Melba Acosta, dijo en una comunicación oficial que el déficit original de $2,200 millones se ha reducido en por lo menos $600 millones debido a que se ha recaudado más de lo previsto. Eso no incluía el efecto de la amnistía contributiva que está vigente hasta el 30 de junio. Sobre eso, y con su propios cálculos, el Centro para una Nueva Economía ha estimado que el déficit presupuestario actual es de $1,602 millones. Por lo tanto, el estudio de 2009 parte de un problema que era 33% más grande de lo que es hoy.

La proyección que hace el estudio es que, de ocurrir una degradación, y del gobierno no tener fuentes de ingreso adicionales, el déficit de $2,400 millones que sirve de base al cálculo tendría que atajarse con una de varias alternativas: o se despide a 60,000 empleados públicos, o se aumenta el IVU a 18.5%, o se recorta la tercera parte del presupuesto público. No se trata de una enumeración de efectos acumulados, sino de tres alternativas para atender la misma cosa.

Aunque el estudio no ofrece el modelo o cálculo usado para llegar a sus conclusiones sobre el desempleo y el aumento de impuestos, lo que sí hace es exponer los ejemplos de Nueva York, Nueva Orleans, Washington DC, y Detroit. Esas experiencias tienen en común que: el control de la operación financiera del gobierno pasó de los políticos y burócratas a unas juntas u oficinas especializadas que actuaron a la manera de un síndico en una quiebra, y que las medidas de recaudo, aunque incluyeron aumento de tarifas en algunos servicios, no incluyeron un aumento masivo de impuestos como el que propone la Administración García Padilla.

La presentación del estudio de Advantage Business Consulting ante la Comisión Conjunta de la Cámara de Representantes y del Senado sobre el Proyecto de Emergencia Fiscal ocurrió el 5 de marzo de 2009, y los ponentes fueron el presidente de la empresa, Vicente Feliciano, y el socio Juan Lara, quien ahora asesora a la administración de gobierno.

Además, en esa vista el entonces presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Carlos García, dijo a la Comisión Conjunta que 'de degradarse los bonos de la Isla a nivel chatarra, se duplicaría la recesión, se perderían 130 mil empleos y el desempleo alcanzaría un 25%', según lo reseñó el propio El Nuevo Día para esa misma fecha.

En esa ocasión, la firma avaló el plan de la Administración Fortuño con el argumento de que el programa de estímulo federal de la Administración Obama ayudaría a aliviar el efecto de los impuestos que se estaban proponiendo. Actualmente, no hay un programa de estímulo federal y, peor, hay una amenaza de recorte de fondos federales por los mismos problemas presupuestarios de Estados Unidos. Feliciano no ha contestado una solicitud de entrevista que le hizo NotiCel.

El aval de los economistas al plan estaba sujeto a criterios como que hubiera una lista de proyectos listos para entrar en el programa de Alianzas Público Privadas.

'El efecto expansivo del conjunto de medidas es dominante y se puede esperar una recuperación de la depresión en el corto plazo si se instrumentan las medidas de estímulo en un plazo de tiempo adecuado', concluyeron hace cuatro años, ante otra Legislatura que también alertaba de la 'crisis' que había a la vuelta de la esquina si no se tomaban medidas urgentes.

Ponencia e Informe Advantage Business Consulting 2009 Degradación Crédito - NotiCel_2874

Informe Advantage Business Consulting 2009 Degradación Crédito - NotiCel_2875