El candidato a comisionado residente en Washington por el Partido Popular Democrático (PPD), Rafael Cox Alomar, y el alcalde de Guánica, Martín Vargas, lograron el compromiso de representantes de los distintos sectores relacionados al desarrollo económico del país con los cuales discutieron estrategias de trabajo en la lucha contra las Leyes de Cabotaje.

‘Esta reunión es la evidencia de que en Puerto Rico hay voluntad y unión de propósitos para trabajar por la eliminación de las Leyes de Cabotaje. Reconocemos que estas leyes monopolísticas limitan nuestras ventajas comparativas para realmente conectarnos a la economía global y hacer de Puerto Rico el eje del desarrollo económico de las Américas’, señaló Cox Alomar en comunicado de prensa.

Entre los participantes de la reunión estuvieron: el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Edgardo Díaz, la directora ejecutiva de la Asociación de Materiales de la Construcción, Limary Otero, el presidente del Frente Amplio de Camioneros, Víctor Rodríguez, el ex presidente de la Compañía Telefónica de Puerto Rico, Pedro Galarza, el Agrónomo Juan Santiago, el ex presidente del Colegio de Agrónomos de Puerto Rico, Agrónomo Damián Rivera y la doctora Kimberly Ramos, directora ejecutiva del Colegio de Médicos, entre otros.

Por su parte, el gestor de este grupo y alcalde de Guánica, Martín Vargas, planteó que ‘el compromiso de este servidor es de hacer todo lo que esté a mi alcance para convertir en realidad la eliminación de las Leyes de Cabotaje. Como ejecutivo municipal sé de lo que se trata que los servicios y productos se encarezcan ante la imposición de tener que usar la marina mercante de Estados Unidos, que es la más cara del mundo, para transportar mercancía mientras podríamos hacerlo con otras más baratas’.

Entre los acuerdos logrados en esta primera de varias reuniones el grupo multisectorial se acordó colaborar con el estudio que actualmente realiza el Government Accountability Office (GAO) con el fin de contar con una herramienta adicional que actualice de forma empírica los efectos nefastos que indudablemente tiene la Ley Jones sobre el bolsillo de todos los puertorriqueños; sin que dicha colaboración sea antítesis de nuestro compromiso de actuar ahora por eximir a Puerto Rico de dicha ley.