Las apuestas no es lo único que ha mermado en el hipismo. Al igual que la economía, el volumen de caballos por carrera en el hipódromo Camarero a sufrido una contracción en los últimos años, provocando que los ejemplares disponibles se vean afectados por el exceso de trabajo.

En busca de alternativas para aliviar la creciente debacle que sufre la industria, la Junta Hípica de Puerto Rico ordenó a principios de la semana pasada la celebración de una vista pública, con el fin de discutir medidas que contribuyan a aumentar la cantidad de caballos disponibles para las carreras en el hipódromo Camarero.

El pliego de la orden, el cual convoca la vista para este martes 8 de julio, explica que entre las medidas se propone la concesión de préstamos para la compra de ejemplares, los cuales se originarían con fondos provenientes del Sistema de Vídeo Juegos.

Las ‘Traga níqueles’ son las máquinas que componen dicho sistema, se encuentran en las agencias hípicas del País, y sólo los dueños de caballos y la operadora, el hipódromo Camarero participan de la ganancia. Con la orden ambos entes tendrían que aportar 10 por ciento del ingreso neto que reciben.

José Otero, dueño del establo Cibuco, posee 10 ejemplares, es miembro de la Confederación Hípica y describe la medida como ‘loable’. ‘Yo creo que es favorable. El hipismo, al igual que muchos factores de la economía en este País están en difícil situación … ayudaría a mantener el hipismo a flote en un momento de crisis general’ estableció Otero, añadiendo que el hipismo es una de las instituciones que aporta fondos generales al fisco, produciendo cerca de 8,000 empleos directos.

Por otro lado, Luis Morales, dueño del establo Villa Real, el más ganador en los últimos 50 años tanto en carreras ganadas como en clásicos, entiende que la concesión de préstamos es una carga adicional a una profesión que por naturaleza sufre de grandes retos económicos.

‘No lo veo bien … el que se mete a dueño de caballos debe tener alguna economía … tu no puedes coger ‘fiao’ a costa de esto. Este es un negocio que me a enseñado que casi todo el mundo pierde. No es un negocio con nivel económico favorable’, declaró Morales haciendo énfasis en que ‘hacer préstamos para invertir en caballos no es bueno’.

Entretanto, Enrique Ubarri, presidente de ‘Haras Santa Isabel’ lleva 60 años dedicado a la crianza, doma y venta de caballos pura sangre de carreras, y asegura que estaría de acuerdo con la medida, siempre y cuando se le de más participación a la industria nativa en los procesos de compraventa.

‘Los criadores estamos quebrados por que tenemos una competencia totalmente desleal por parte de la empresa operadora, la cual es auspiciada por las autoridades hípicas … hay que darle prioridad a lo que se produce en el País’, destacó Ubarri, quien asegura que la industria sufre por que ‘han querido sustituir a los ejemplares nativos por caballos americanos’.

Según el criador, los ejemplares que están trayendo a la Isla son de ‘tercera categoría’ y a pesar de que su valor en los estados puede ser de 400 a 500 dólares, el costo del flete asciende a los 4,000, sin contar las comisiones que se pagan en el proceso.

‘Aquí lo que hay que traer son caballos jóvenes y sanos que perduren dando buenos espectáculos, no de tercera categoría. No duran más de dos o tres carreras por que están lisiados. Yo recomiendo que se compren potrillos jóvenes por que vienen a Puerto Rico y duran 4,5 o hasta 6 años con mayor potencial de ser excelentes ejemplares’, añadió Ubarri.

La junta también propone que se evalúe la posibilidad de celebrar tres días de carreras especiales, que generarían otra partida proveniente de los premios de cada programa oficial. Dichos premios serían pagados a los ganadores y a la empresa operadora (Camarero) en partes iguales, permaneciendo en ‘el pote’ la diferencia destinada al fondo de préstamos.

En adición, el pasado martes la Junta emitió una resolución ordenando la eliminación de un día de carrera en el hipódromo Camarero, la cual entraría en vigencia a partir del próximo 1 de agosto, permaneciendo implementada en un periodo probatorio hasta el 31 de diciembre de este año.