Se espera sean las primeras de varias y las autoridades pidieron cooperación ciudadana para desarrollar más casos.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para Puerto Rico anunció hoy las primeras dos radicaciones, de lo que se espera sean varias, contra dos individuos imputados de construcción ilegal y depósito de materiales en los humedales y aguas en el área de la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos y la comunidad Las Mareas en Salinas.

La acción viene un año después de que tanto la Cámara de Representantes como las autoridades federales hicieran visitas en el lugar para constatar las violaciones a leyes ambientales que inicialmente fueron denunciadas por activistas y la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli.

Las autoridades federales llevaban por lo menos más de 10 años en conocimiento de actividades ambientales ilegales en el área, pero estas son las primeras dos acusaciones formales que se presentan desde una que procesaron en 1972.

En una conferencia el jueves, el jefe de la fiscalía, W. Stephen Muldrow, no contestó por qué no se habían llevado casos antes, pero anticipó que los dos actuales serían los primeros de varios y anunció la formalización del Grupo de Trabajo (Task Force) sobre Delitos Ambientales en Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses exhortando al público a denunciar crímenes ambientales.

En abril de 2022, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) sometió una acción civil en los tribunales de Puerto Rico para desalojar del área de la Reserva a personas que habían realizado construcciones ilegales, las cuales, incluso, tenían permisos emitidos y conexiones a servicios de energía eléctrica y agua potable. Ese caso todavía está en trámites previos al juicio.

Mira aquí los detalles de estos arrestos.

Sin embargo, Muldrow explicó que los delitos que presentaron contra los arrestados no dependen de probar que son titulares de los terrenos afectados sino solo que ejercieron dominio de los mismos para realizar el daño ambiental alegado. Estos son violaciones a las leyes federales de Aguas Limpias y de Ríos y Muelles.

El pliego describe al acusado Luis Enrique Rodríguez Sánchez como dueño de una cantera y de equipo pesado que causó daños a una propiedad al oeste de la calle principal del sector Las Mareas. Por otro lado, describe a Pedro Luis Bones Torres como un chofer de equipo pesado que causó daños en una propiedad al sur del Camino de Galileo, en Las Mareas. Ni el fiscal ni los pliegos son específicos en cuanto a qué tipo de material depositaron para dañar las áreas, pero las leyes aplican al depósito de material como rocas, arena, tierra, arcilla, plásticos, escombros de construcción, pedazos de madera y material de minería.

Los hechos imputados habrían ocurrido entre enero de 2020 y octubre de 2022 y la fiscalía presentó fotos aéreas de los terrenos para ilustrar el cambio de antes y después donde se nota el relleno que hubo en cuerpos de agua. Ninguno de los terrenos estaba en el recorrido que hicieron el FBI y la Cámara el año pasado. Los hombres enfrentan hasta cuatro años de cárcel, multas y órdenes de remoción de estructura y de mitigación.

El magistrado Marshal Morgan dispuso condiciones de fianza iguales para ambos acusados: $10,000 no asegurada y prohibición de “residir en la propiedad dentro de la Reserva de Bahía de Jobos” y de “llevar equipo pesado a la comunidad Las Mareas, usar equipo pesado dentro de la comunidad Las Mareas ni permitir que otros usen equipo pesado dentro de la comunidad Las Mareas”.

A continuación vea un video sobre los problemas en la Bahía:

A la pregunta de por qué particularizar sobre estos dos terrenos si la conducta que imputan ha sido señalada en múltiplos otros en la misma área de Las Maras, el jefe de fiscales dijo que “como cualquier investigación, tenemos que empezar en un sitio, hemos empezado en estos dos casos y seguimos investigando”. Añadió que los acusados son residentes de Salinas y que los terrenos afectados tenían conexiones de agua y energía.

Muldrow no contestó si la continuación de esta investigación abarcaría a funcionarios públicos que hayan emitido permisos para actividades ilegales, pero comentó que “no hay nadie que esté por encima de la ley”.

Las leyes aplicadas son las mismas que se activarían en controversias como la construcción de casas en cuerpos de agua en La Parguera, una actividad que ha sido controvertible por décadas debido a que algunos dueños de esas estructuras son personas con poder político y económico que han resistido la fiscalización gubernamental. Más recientemente, se alegó que la suegra de la comisionada residente, Jenniffer González Colón, es dueña de una estructura allí en violación de ley que está bajo investigación del DRNA.

La Reserva fue nombrada reserva nacional de investigación estuarina por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) en el 1981 y consta de aproximadamente 2,800 acres de ecosistema costero. Contiene islas y bosques de manglares, humedales mareales, arrecifes de coral, lagunas, salinas, bosques secos y praderas marinas. También es hogar del pelícano pardo, el halcón peregrino, la tortuga carey y el manatí antillano, especies en peligro de extinción. Actualmente, el DRNA opera la Reserva bajo un acuerdo con el gobierno federal.

“Los humedales costeros de Puerto Rico son un recurso importante, ya que proveen un hábitat para numerosas especies en peligro de extinción y sirven de amortiguador natural contra los efectos de los huracanes y las inundaciones, fenómenos que van en aumento con el cambio climático”, mencionó el Agente Especial a Cargo, Tyler Amon, de la División de Investigación Criminal de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA). “Los hábitats costeros de Puerto Rico han sido habitualmente explotados y maltratados por desarrolladores y arrendatarios ilegales, pero las acusaciones de hoy demuestran que la EPA y nuestros compañeros federales del orden público están trabajando activamente para detener estas actividades ilegales y proteger estas zonas para las generaciones futuras”, añadió.

Los dos casos están bajo el manejo del Departamento de Justicia en Washington, DC, a través del fiscal federal ‘senior’, Patrick M. Duggan, de la Sección de Delitos Ambientales y el fiscal federal Seth A. Erbe, coordinador de litigios ambientales de la fiscalía en Puerto Rico.

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