La doctora Conte Miller habló sobre la necesidad de personal en el área de balística y de mayor independencia para la agencia.

El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) continúa en busca de personal especializado, como en las áreas de química y balística, pero luego de cuatro años de tropiezos, lo peor parece haber quedado atrás y a la agencia le aguarda un año de renovaciones.

De acuerdo a la directora ejecutiva, la doctora María Conte Miller, el ICF es una de las agencias de gobierno cuyo trabajo fluye sin mayores contratiempos, pero requiere más autonomía y aumentar la cantidad de empleados para continuar su racha positiva.

“Para que nuestros procesos administrativos sean fluidos, se requiere que las personas que los realicen tengan poder decisional, porque si lo ponemos en manos de personas que no tienen ese contexto educativo en Ciencias Forenses, no van a entender. […] El proceso comienza yo pidiéndole permiso a alguien para ver si ese alguien me deja pedirle permiso a otro. Es una cosa ridícula. Es burocracia a la potencia extrema, innecesario”, expresó Conte Miller sobre la solicitud de fondos para el presupuesto.

La doctora ejemplificó que ese desconocimiento se refleja al hacer peticiones de compra o intentar reclutar personal, momentos en que Conte Miller y su equipo de trabajo deben justificar en más de una ocasión la urgencia de sus solicitudes.

Al presente, el ICF necesita alrededor de diez especialistas para el área de balística, que opera a un 50% de su capacidad con diez personas. También requiere personal químico y de evidencia digital, serólogos forenses (realizan pruebas de ADN) y patólogos forenses.

Aunque en Puerto Rico existen las escuelas para educar a este tipo de profesionales, éstos se marchan de la Isla porque en Estados Unidos devengarían el triple del dinero que ofrece el gobierno.

“Se ha constituido un círculo vicioso donde se recluta, se educa y a la vez renuncian. Hay una fuga de talentos constante. Hasta que esa situación no se resuelva, no vamos a lograr una excelencia en la ejecución de esas áreas del laboratorio y la solución es que se revise la escala salarial de esos profesionales, para evitar que sean atraídos por otro tipo de ofertas”, exclamó Conte Miller.

La doctora esbozó que la Junta de Control Fiscal (JCF) debe aprobar el Plan de Retribución General del Gobierno de Puerto Rico y solo entonces el ICF podría, como agencia, establecer sus guías salariales.

Idealmente, el ICF debería tener 15 patólogos para mantener el ritmo de trabajo y cumplir con los requisitos de acreditación que prohiben que cada uno sobrepase las 325 autopsias al año. El ICF cuenta con 12 patólogos forenses, cifra que incluye a la doctora Conte Miller que también ejerce esas funciones.

Una máquina de CT Scan recién adquirida —a un costo ascendente a $500,000— hace el trabajo de 2.5 patólogos forenses, según Conte Miller, lo que elevaría el número de “manos” a la cantidad ideal. El equipo incluye un contrato con un radiólogo de los Estados Unidos para realizar autopsias virtuales, sin necesidad de abrir el cadáver.

La máquina, que se recibirá este mes, es uno de los ejemplos que compartió Conte Miller a modo de esbozar los cuestionamientos que recibe.

“No van a entender la necesidad de comprar una máquina de CT Scan. Me dirían que para qué, si eso se usa en personas vivas para detectar si tienen un tumor. Si yo tengo que convencer a otro del uso que tiene, eso ya le resto fluidez al proceso. Si la agencia tuviera la capacidad, no solo de recomendar, pero también de ejecutar sus procesos administrativos, aunque hemos hecho un trabajo efectivo, seguramente hubieran otros proyectos, como el de reclutamiento, también culminados… No se ha podido finalizar por eso, por el cauce administrativo que es demasiado complicado”, aseguró Conte Miller.

En la última Sesión Extraordinaria, la Asamblea Legislativa dejó sobre la mesa el proyecto de ley que le otorgaba mayor autonomía al ICF, pero no se completó su votación, por lo que quedó en el aire. Conte Miller sugirió que, si no es por la vía legislativa, que se establezca un esquema más simple, “que vele por el cumplimiento de los conceptos de sana administración y no afecte la operación”.

Sigue pugna con el DSP por empleados

El pasado 1 de diciembre, el ICF recobró su sitial como una agencia autónoma en la Rama Ejecutiva por virtud de la Ley 135 de 2020, lo cual la separó de la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública (DSP), un experimento de la administración de Ricardo Rosselló Nevares que fue criticado desde un inicio y que este cuatrienio podría ser despellejado una vez más.

En esa fecha se cumplió el periodo de transición, pero el DSP aún tiene el control sobre unos 46 empleados que originalmente laboraban en el ICF, pero que pasaron a labores administrativas en la sombrilla.

“Hay unos detalles tipo administrativos que tenemos que completar, como transferencia de cuentas, traspaso de expedientes de una agencia a otra. Hay un estatus de unos 46 empleados que ahora mismo se encuentran en destaque por parte del DSP en la agencia y hay que tomar una determinación sobre el estatus laboral. Son empleados que eran originalmente nuestros, fueron reclamados por el DSP para formar lo que se llama el concepto del ‘back office’”, declaró Conte Miller.

Pese a estos casos específicos, Conte Miller destacó que la emancipación del ICF continuaba en buen camino.

En su lista de ‘cosas por cumplir’, destacó la contratación de personal balístico y que un patólogo se convierta en forense en la escuela de Puerto Rico que recién fue reacreditada.

“Todo lo demás está corriendo”, celebró Conte Miller.

El ICF también compró una máquina de radiografías para identificar proyectiles en casos de heridas de bala y un sistema digital para identificar huellas dactilares. Ambas están en uso.

El 12 de enero comienza la remodelación de la sala de autopsias y se espera que se complete en unos cinco a seis meses.