Varios deponentes con trasfondo técnico, académico y profesional alertaron al Senado sobre lo que consideran situaciones de alerta, errores o retrasos que provocaría la aprobación de la reforma de permisos que sometió la Administración González Colón.

La oficina técnica principal del gobierno de Puerto Rico desde antes de la creación del Estado Libre Asociado en 1952, la Junta de Planificación (JP) se opuso a su eliminación, según propone el proyecto al disponer que ese organismo pasaría de reportarse directamente a la Oficina del Gobernador a ser una oficina dentro del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

“Nuestra posición es clara: Modernizar el sistema de permisos es necesario, pero sin perder la autonomía de la Junta de Planificación”, planteó el presidente de la JP, Héctor Morales Martínez, al pedir que el proyecto de la gobernadora (PS 1183) sea “armonizado” con uno que presentó el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, (PS 1173). Este último implica una reforma menos abarcadora que no centraliza el proceso de permisos en el DDEC, como el de la ejecutiva.

Aparte de esta defensa territorial de la JP, y su plegaria al Senado para que la rescaten con el proyecto del presidente, ambas medidas recibieron objeciones de otros participantes de la vista pública de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos.

Sobre el proyecto del presidente, el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas (CAAP) observó que el esquema que introduce de autocertificación por los proponentes y posterior verificación por las agencias del Estado no tiene paralelo en otras jurisdicciones estaounidenses y es una alternativa mala para atender la “falta de capacidad administrativa”.

“La versión actual del proyecto de ley no atiende adecuadamente la responsabilidad del Estado de proteger la salud, la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. Las áreas relacionadas con prevención de incendios, salud ambiental, seguridad de ocupación, manejo de emergencias y protección de poblaciones vulnerables no deben quedar relegadas a una fiscalización posterior una vez el establecimiento ya esté operando. El proceso de permisos puede y debe simplificarse, pero no a costa de eliminar controles preventivos en materias que inciden directamente sobre la seguridad pública”, subrayó la presidenta, Olga Angueira Andraca.

Sobre el proyecto de la ejecutiva, apuntaron a que los esfuerzos de centralización hechos hasta ahora no han funcionado porque no se consideran asuntos prácticos como los recursos humanos y tecnológicos limitados que tiene el gobierno y alertaron que busca convertir en confidenciales documentos que los proponentes de permisos someten y que son precisamente algunos de los que se requieren para que el público pueda conocer y evaluar los proyectos.

También, que la medida excluye la aplicación de la Ley 416 sobre Política Pública Ambiental, lo que “plantea serias interrogantes en torno al marco legal que regirá la protección del medioambiente en Puerto Rico”.

Una preocupación ambiental fue también el foco de la ponencia del doctor Miguel Canals, director del Centro de Ciencia e Ingeniería Oceánica Aplicada de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Mediante fotos y ejemplos reales, ilustró cómo el cambio de definición de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) en el proyecto de la ejecutiva “es preocupante, pues trastoca grandemente la economía de la costa”.

“Privatiza las áreas que actualmente son bienes de dominio público… el uso de las playas pasa a ser un privilegio estrictamente para uso no comercial. Yo interpreto esto como una expropiación del Estado a sí mismo y al pueblo de Puerto Rico”, añadió.

El profesor también argumentó que, bajo esta enmienda, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) ya no podría otorgar concesiones a quien alquila sillas de playa, entre otras cosas. También explicó que tendría un costo al erario significativo, pues el DRNA dejaría de recibir los ingresos por concesiones y el dueño privado será quien decida qué actividades comerciales se pueden hacer en lo que se conoce como la ‘playa seca’. Este término se refiere al área de playa donde se pueden hacer actividades en ciertos momentos porque no está cubierto de agua. Es, por ejemplo, donde una persona puede poner su silla cuando la marea no está alta.

El Colegio de Ingenieros y Agrimensores, por su parte, también abogaron por armonizar las medidas, pero teniendo la propuesta de la gobernadora como “marco principal del nuevo sistema de permisos”.

Otras dos entidades comparecieron, más que nada como aparentes víctimas de falta de atención de la gobernadora en la preparación de su proyecto, para el cual sus representantes han indicado que se usó parcialmente inteligencia artificial.

Tanto el Grupo Interagencial y Comunitario para Río Piedras como el Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras llamaron la atención a que la propuesta ejecutiva deroga la Ley 75 de 1995, conocida como la Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras. Los grupos no entienden por qué ocurre la derogación de un estatuto que no regula permisos, sino que provee un marco de coordinación entre la comunidad y el gobierno para hacer inversiones en ese casco histórico y promover su desarrollo económico.

Anotaron que el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, se opone a la derogación de esta ley.

“La razón detrás de la derogación de la Ley 75, sugerida en el P del S 1183, no la conocemos. Lo que sí sabemos, a la luz de lo reseñado en esta ponencia, es que dejar desprovisto a Rio Piedras de ese instrumento, sería un acto fuera de toda lógica y un golpe enorme a los avances que se vienen obteniendo. Y lo peor, reflejaría una gran insensibilidad hacia las comunidades de Río Piedras que tanto han luchado por permanecer y mejorar sus condiciones de vida”, afirmó el planificador José E. Rivera Santana, coordinador del Fideicomiso.

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