Los alcaldes durante el periodo auditado fueron el popular Jorge Márquez Medrano y a, partir del 2021, Ángel Omar Lafuente.

La Contralora de Puerto Rico, Carmen A. Vega Fournier, publicó el Informe de Auditoría OC-26-26, del Municipio de Maunabo, que examina las operaciones fiscales y administrativas realizadas durante el período del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2023, cuando los alcaldes fueron el popular Jorge Márquez Medrano y a, partir del 2021, Ángel Omar Lafuente.

Esta auditoría, de naturaleza de cumplimiento, tuvo como objetivo principal determinar si las operaciones del Municipio se realizaron conforme al Código Municipal de 2020, la Ley de Municipios y la reglamentación aplicable. Entre los objetivos específicos se incluyó la evaluación de la contratación de servicios profesionales, particularmente los relacionados con emergencias tras los huracanes Irma y María, así como la revisión de procesos de recursos humanos, manejo de nómina y cumplimiento con informes financieros.

Como resultado de las pruebas realizadas, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada, lo que significa que, aunque en términos generales las operaciones se realizaron conforme a la ley, se identificaron desviaciones significativas reflejadas en seis hallazgos.

Entre los principales hallazgos se destacan:

• Pagos por $83,240 contrarios a la ley y reglamentación aplicable, relacionados con servicios profesionales prestados sin contrato formal previo, en exceso de la cuantía contratada y pagos duplicados. Además, créditos presupuestarios no obligados al momento de otorgarse un contrato.
• Atrasos en la entrega de los estados financieros auditados, con demoras de hasta 364 días, así como incumplimiento en el envío de certificaciones requeridas por ley, lo que puede afectar la transparencia y la asignación de fondos federales.
• Pagos por $27,807 en exceso de la escala salarial establecida, además de deficiencias en nombramientos de personal y procesos de reclutamiento.
• Falta de formalización de acuerdos en destaques de empleados municipales, lo que implica ausencia de documentos legales que establezcan responsabilidades entre las partes.
• Incumplimiento y tardanzas en el envío de informes de nómina y certificaciones de privatización, afectando la rendición de cuentas.
• Ausencia de reglamentación y documentación en expedientes de personal, lo que limita la aplicación de controles uniformes en la administración pública. 

Asimismo, el informe incluye comentarios especiales relacionados con déficits presupuestarios, opiniones de abstención y cualificadas en auditorías financieras previas y costos cuestionados en programas federales.

Por su parte, el Municipio le contestó a la OCPR que ha iniciado acciones correctivas, incluyendo gestiones de recobro por pagos en exceso y la actualización de sus informes financieros, como parte de sus esfuerzos por cumplir con las disposiciones legales.

Entre las recomendaciones principales, la Contralora exhorta al Municipio a fortalecer los controles internos, asegurar el cumplimiento estricto de la normativa aplicable en la contratación y manejo de fondos públicos, corregir las deficiencias en los procesos de recursos humanos y garantizar la presentación oportuna de informes financieros y certificaciones requeridas.

“Aunque en términos generales las operaciones del Municipio se realizaron conforme a la ley y la reglamentación aplicable, los hallazgos identificados evidencian desviaciones que deben atenderse con prontitud para fortalecer la sana administración pública y prevenir su recurrencia”, indicó la Contralora.