Como múltiples fallas en obras de construcción y aprobación de beneficios a personas que no cualificaban.

 La Contralora de Puerto Rico, Lcda. y CPA Carmen A. Vega Fournier, dio a conocer los resultados del Informe de Auditoría OC-26-23 del Departamento de la Vivienda, que cubre el período del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2023.

Durante ese periodo de tiempo dirigieron la agencia Fernando Gil Enseñat, Luis Carlos Fernández Trinchet y William Rodríguez.

En el informe se emitió una opinión cualificada al determinarse que las operaciones del Departamento se realizaron, en todos los aspectos significativos, fueron conforme a la ley y la reglamentación aplicable, excepto por los hallazgos del 1 al 3, relacionados con la administración del Programa de Asistencia en Reparación, Reconstrucción o Reubicación (Programa R3), financiado con fondos federales CDBG-DR.

La auditoría, según se indicó en un comunicado de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR), evaluó el proceso completo de otorgación de ayudas a los ciudadanos, desde la solicitud hasta la reparación, reconstrucción o reubicación de viviendas afectadas por los huracanes Irma y María, así como el cumplimiento con los requisitos establecidos en las guías del programa.

Entre los hallazgos más relevantes, se identificó un caso en el cual una propiedad fue reconstruida con fondos públicos por más de $250,000 y posteriormente fue objeto de ejecución de hipoteca por parte de una institución financiera. En este caso, el Programa R3 desembolsó $253,139 para la reconstrucción de la vivienda, la cual nunca fue habitada por el beneficiario, ya que el banco adquirió la propiedad mediante proceso de embargo antes de la finalización de los trabajos.

La auditoría determinó que esta situación tuvo entonces como efecto que fondos públicos beneficiaran intereses privados, debido a que las guías del programa no contemplaban la verificación del estatus de pagos hipotecarios como criterio de elegibilidad.

En sus comentarios, la gerencia del Departamento indicó que la deuda hipotecaria no constituye un criterio de inelegibilidad bajo las disposiciones del programa federal, y que la inclusión de dicho requisito requeriría una enmienda sustancial al Plan de Acción aprobado. Asimismo, informó que se iniciaron gestiones para la recaptura de los fondos desembolsados en este caso.

El segundo hallazgo reveló que el Programa R3 aprobó ayudas a solicitantes que no proveyeron la documentación requerida o que no cumplían con los criterios de elegibilidad establecidos. De una muestra de 868 casos evaluados, se identificaron múltiples deficiencias, incluyendo falta de evidencia de identidad, ausencia de documentación sobre ingresos, inconsistencias en la residencia declarada y aprobación de ayudas a participantes que excedían los límites de ingresos permitidos.

Entre los casos examinados, se determinó que se otorgó un vale de reubicación por $185,000 a un solicitante que no cumplía con los requisitos de ingresos, lo que evidencia fallas en los procesos de validación y supervisión.

La gerencia del Departamento reconoció que, aun con procesos de revisión establecidos, pueden ocurrir errores o presentarse información incorrecta o fraudulenta por parte de los solicitantes, y destacó que el programa cuenta con mecanismos para la recaptura de fondos en estos casos.

El tercer hallazgo está relacionado con deficiencias en la ejecución de trabajos de reparación en viviendas beneficiadas por el programa. La auditoría determinó que se realizaron pagos por trabajos no ejecutados, así como por trabajos realizados de forma deficiente. En una muestra de 324 residencias inspeccionadas, se identificaron incumplimientos en trabajos como instalación de techos, sistemas eléctricos y otros componentes estructurales.

Además, se documentaron deficiencias en la calidad de las obras, incluyendo filtraciones, problemas en sistemas de plomería, instalaciones defectuosas y condiciones que afectan la seguridad de los residentes. Estas situaciones evidencian que no se logró plenamente el objetivo del programa de proveer viviendas dignas a los beneficiarios, a pesar de los desembolsos realizados.

La auditoría atribuye estas deficiencias a la falta de supervisión efectiva por parte del Programa R3 sobre los gerentes de programas y de construcción, así como a la ausencia de controles adecuados para garantizar el cumplimiento de los contratos y órdenes de trabajo.

En sus comentarios, la gerencia indicó que ha implementado mecanismos dentro de sus políticas y procedimientos para fortalecer la supervisión de los procesos de elegibilidad y ejecución de obras, así como medidas de contingencia como garantías de construcción y recaptura de fondos cuando corresponda.

Como parte de los comentarios especiales, la auditoría incluyó los resultados de una encuesta de satisfacción a 834 participantes del programa, la cual reflejó un nivel general de satisfacción de 78%, aunque con resultados mixtos en aspectos como la comunicación del progreso de los trabajos y la interacción con los gerentes de construcción.

Asimismo, se documentaron deficiencias adicionales en viviendas reconstruidas, incluyendo problemas en ventanas, puertas, techos, sistemas eléctricos, plomería y otras áreas estructurales, lo que refuerza la necesidad de fortalecer los controles de calidad en los proyectos.

Como resultado de estos hallazgos, la Oficina de la Contralora emitió recomendaciones dirigidas al Departamento de la Vivienda, incluyendo el fortalecimiento de los controles internos en la evaluación de elegibilidad, la implementación de mecanismos efectivos de supervisión en la ejecución de obras, la validación rigurosa de la documentación presentada por los solicitantes y la recuperación de fondos en los casos en que corresponda.

“La administración de fondos públicos, particularmente aquellos dirigidos a atender necesidades críticas como la vivienda, exige el más alto nivel de diligencia, transparencia y cumplimiento. Los hallazgos de este informe evidencian áreas que deben ser atendidas con urgencia para garantizar que los recursos lleguen de manera efectiva a quienes realmente los necesitan y que los resultados cumplan con los estándares de calidad y legalidad que exige el interés público”, expresó la Contralora en declaraciones escritas.