El asesor ejecutivo de AAFAF, Luis Roberto Rivera Cruz, dijo estar confiado de que el presupuesto que entrará en vigor el 1 de julio será el segundo certificado por la Junta de Supervisión Fiscal

El asesor ejecutivo senior de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Luis Roberto Rivera Cruz, dijo estar confiado de que el presupuesto que entrará en vigor el 1 de julio será el segundo certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), un paso clave en la dirección de que el ente fiscal salga de la isla.

«No tengo duda de que este presupuesto que estamos presentando, que es el primero que esta administración trabaja de principio al fin, que es estratégico y más alineado a prioridades esenciales del gobierno y en cumplimiento con el plan fiscal”, dijo Rivera Cruz a preguntas de la presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, Migdalia Padilla. «Entendemos que hay una gran probabilidad de que sea el segundo certificado por la Junta y que sea presentado a la Asamblea Legislativa de forma conjunta».

El calendario delineado por la JSF establece que el Ejecutivo y la JSF presentarán el presupuesto ante la Asamblea Legislativa el 8 de mayo y que la Legislatura tiene hasta el 5 de junio para aprobarlo.

Ayer comenzaron las vistas públicas sobre el informe de ingresos y gastos del gobierno en el Senado. El presupuesto consolidado asciende a $33,515 millones, lo que representa un aumento de $803 millones a raíz de un incremento en fondos federales.

El presupuesto con cargo al Fondo General es de $13,181 millones. Un total de $5,467 millones corresponden a Fondos de Ingresos Especiales y $14,866 millones a Fondos Federales.

“Yo lo que quiero es que la Junta Fiscal se vaya y para eso tenemos que presentar presupuestos bien coordinados y debidamente estructurados que cumpla con lo que son las necesidades de nuestra gente, porque ese presupuesto mayormente es para darle un servicio a la gente que todos nosotros aquí representamos y estamos incluidos en todo ese proceso… Si el segundo presupuesto no viene bien, entonces volvemos otra vez y caemos en cero. Tengo esperanza por lo que he escuchado en cuanto a recaudo y en cuanto a OGP, de la manera que ustedes lo están trabajando, lo veo mucho mejor. Cada año veo que va mejorando el proceso”, dijo Padilla.

Compareció a deponer el equipo fiscal del gobierno que componen el licenciado Ángel L. Pantoja Rodríguez, secretario del Departamento de Hacienda; Orlando C. Rivera Berríos, director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP); y Rivera Cruz, en representación de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF). Las tres agencias presentaron una ponencia conjunta a la Comisión con los detalles del presupuesto gubernamental.

Rivera Berríos detalló que el presupuesto consolidado propuesto para el AF2027 asciende a $33,515 millones, lo que representa un aumento de aproximadamente $803 millones en comparación con los $32,712 millones del AF2026.

Asimismo el deponente detalló que los fondos federales, en lo que corresponde al Fondo General, reflejan un aumento de $678 millones. “Este aumento se debe principalmente a aumentos en subvenciones federales bajo la Administración de Seguros de Salud y el Departamento de la Vivienda”. Mencionó que entre las principales prioridades del Presupuesto AF2027 se destacan el fortalecimiento del sistema educativo; la salud y servicios a la familia; la seguridad pública; el desarrollo económico y competitividad; infraestructura y modernización gubernamental; y transformación digital y gobernanza fiscal.

Rivera Berríos indicó que la OGP llevó a cabo un análisis detallado de la nómina y la plantilla activa del Gobierno como parte del proceso de formulación del presupuesto y de las iniciativas dirigidas a fortalecer la planificación fiscal. “Se identificaron ajustes en nóminas en 21 agencias, los cuales totalizan aproximadamente $175.1 millones en comparación con las metas presupuestarias inicialmente establecidas. Estos ajustes respondieron principalmente a casos en los que las asignaciones solicitadas excedían el nivel de gasto real observado o la capacidad demostrada de ejecución en nóminas”.

Este comentario levantó dudas en la senadora independentista María de Lourdes Santiago, quien preguntó cómo se podía hablar de «excedentes» en nómina cuando tan reciente como la semana pasada la Junta de Planificación y el Departamento de Recursos Naturales, dos entidades con supuestos gastos por debajo del presupuestado para nómina, no tenían suficiente personal. El escenario se repite en otra agencia identificada por el equipo fiscal: Familia.

“Esto fue desmentido en la vistas de reforma de permisos”, dijo Santiago al recordar que la premisa del gobierno es que la reforma de permisos está «anclada» en la necesidad de incrementos salariales en Planificación y el DRNA «porque si no, la gente no va a seguir trabajando por la miseria que se le paga en la JP y el DRNA”, dijo Santiago.

“¿Decir que el (patrón) histórico nos permite identificar excedente?”, agregó. “Esto es una declaración tremendamente peligrosa”.

“No sé cuál es la historia que le hacen a ustedes en el Departamento de la Familia, pero la que nos llega a nosotras aquí es que en el Departamento de la Familia hay decenas o cientos de vacantes de trabajadores sociales porque nadie quiere trabajar por ese salario. Pues claro que no van a gastar el dinero de nómina”, insistió. “No me pueden decir que sobra el dinero en nómina o se pueden hacer ajustes  para reducir los recursos de nómina cuando siempre escuchamos la misma situación”.

Rivera Berríos pareció coincidir al señalar que el personal “no hay manera de contratarlo si no se mejora la escala salarial”. Según dijo, hay que atender «el tema de raíz», al referirse a las escalas salariales vigentes y que están plasmadas en Planes de Clasificación y Retribución.

«No continuar asignando el presupuesto cuando no pueden reclutar por ese problema de raíz», dijo.

Rivera Berríos aseguró que los ajustes en nómina en estas dependencias no significa que no habrá oportunidades de mejorar salarios.

El equipo fiscal sí señaló que se reasignaron recursos para atender necesidades prioritarias en otras agencias, incluyendo el Instituto de Ciencias Forenses, la OGP, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), el Centro Comprensivo de Cáncer, y el Departamento de Corrección y Rehabilitación, entre otras, por un total aproximado de $45.5 millones.

También, habló a la Comisión el secretario de Hacienda quien detalló la proyección de ingresos del Plan Fiscal del 5 de junio de 2024. La proyección certificada por la JSF supone una reducción de 1.4% por ciento en la base de ingresos comparable con respecto al Año Fiscal 2025-2026 equivalente a $186 millones.

“Para el Año Fiscal 2026-2027, la proyección del Plan Fiscal Certificado proyecta $13,047 millones, lo que representa una reducción marginal de $9 millones en comparación con el Año Fiscal 2025-2026. No obstante, al considerar los ingresos clasificados bajo el renglón de ‘otros conceptos’, los ingresos totales al Fondo General ascienden nuevamente a $13,918 millones, conforme a lo certificado en el Plan Fiscal vigente”, detalló Pantoja.

El funcionario indicó que los ingresos del Estado reflejaron un crecimiento moderado en los años fiscales 2023 al 2026, seguido por lo que llamó «señales de normalización. En concreto: $12,597 millones (2023), 13,362 (2024), $13,633 millones (2025) y, hasta febrero de 2026, un total de ($7,916 millones, o sea, $270 millones por encima de lo proyectado, pero $295 millones menos que el 2025 a la misma fecha.

«La reducción es por merma en contribución sobre ingresos en individuos y corporaciones y reducción en arbitrios por alcohol», dijo.

Igualmente, el deponente mencionó que “al 31 de marzo de 2026, el balance de la Cuenta Única del Tesoro (TSA, por sus siglas en inglés), que constituye la principal cuenta operativa del Gobierno de Puerto Rico, ascendía a $10,5 mil millones. De este total, aproximadamente $9.4 mil millones (90%) corresponden a recursos restringidos o comprometidos, principalmente asociados a reservas establecidas por legislación, obligaciones del Plan de Ajuste y otras asignaciones presupuestarias específicas”.

De igual forma, detalló que bajo enmienda a la Resolución Conjunta de Presupuesto del Fondo General y Fondos Especiales para el AF2025, mediante la asignación de fondos sobrantes del Año Fiscal 2025 se establecen las siguientes reservas para cubrir gastos operacionales futuros del Gobierno de Puerto Rico. Bajo la custodia de OGP se añaden nuevas asignaciones para: $235 millones para cubrir costos adicionales no previstos del programa de Medicaid y $200 millones para crear una reserva para incertidumbres fiscales. Bajo la custodia de Hacienda se añade una nueva reserva de $683.2 millones para el Sector Energético.

En su turno, Rivera Cruz mencionó que cerca del 90% por ciento de la deuda del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades ha sido ya reestructurada. Falta la Autoridad de Energía Eléctrica.