En vista sobre presupuesto, el secretario designado de Vivienda se comprometió a trabajar para no tener que devolver fondos federales de recuperación.

La Administración de Vivienda Pública (AVP) minimizó el impacto que pueden tener en Puerto Rico una serie de regulaciones que se discuten en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD en inglés) sobre la elegibilidad para vivir en residenciales públicos.

La isla tiene 54,102 unidades de vivienda pública distribuidas en 328 residenciales, de los cuales nueve están clasificados como égidas.

El mes pasado, la organización Ayuda Legal advirtió que HUD discute la implantación de regulaciones que limitan la vivienda pública a las familias que tengan algún miembro con estatus migratorio no definido; un requerimiento de 40 horas de trabajo para permanecer en esa vivienda y un tiempo máximo, probablemente dos años, para recibir ese beneficio; y la eliminación del aviso de 30 días antes de iniciar acciones de desahucio.

El administrador de la AVP, Juan Antonio Rosario Hernández, dijo a la Comisión de Hacienda el jueves que esas políticas públicas no son nuevas, sino que salen de la propia ley habilitadora de HUD de 1940 y que, como la AVP cumple con criterios fedeales, “hay ciertas flexibilidades que nos dan”. Sobre las personas con estatus migratorio no definido, dijo que tienen 28 casos identificados, pero que “no están en peligro de perder la vivienda”. En cuanto a los desahucios, comentó que esos casos pueden tardar hasta 60 días en concretarse y que su historial ha sido no sacar a la gente por deuda, aún cuando tienen deuda acumulada de $36 millones porque se extienden planes de pago con los que las personas cumplen. Y sobre el requisito de trabajo, señaló que van a comenzar a orientar a los residentes que no trabajan para que conozcan que hay una alternativa de cumplimiento, que es realizar 96 horas de servicio comunitario en un año.

“No vamos a establecer límite de tiempo. No vamos a establecer que las personas tengan que trabajar”, dijo al negar también que existan planes para vender residenciales públicos.

Para el año fiscal 2026-2027, la AVP solicitó un presupuesto de $762.7 millones, de los cuales una partida de $5.8 millones en fondos estatales será destinada para cubrir la nómina de 10 proyectos de vivienda pública completados.

Por su parte, el designado secretario del Departamento de Vivienda (DV), Luis Augusto Martínez Román, pidió un aumento de presupuesto por $1,012 millones, que responde principalmente a la distribución y uso de los fondos federales de recuperación que la agencia atiende por los terremotos y los huracanes.

Por los huracanes tiene $20,600 millones asignados, de los que ha obligado $15,400 millones y desembolsado $5,690 millones. Estas asignaciones tienen fechas de vencimiento que van desde 2028 (terremotos) hasta 2033 (energía y mitigación).

“La respuesta directa al riesgo es que no”, contestó a una pregunta sobre la posibilidad de pérdida de algunos de esos fondos porque no se usaron. “Mi compromiso es garantizar que no tengamos fondos federales en riesgo… lo que no queremos es que llegue la fecha (de vencimiento) y tengamos que hacer alguna devolución, eso es lo que no queremos”, añadió.

Para el año fiscal 2026-2027, que comienza el 1 de julio, el presupuesto global que pidió el DV asciende a $3,288 millones, de los cuales aproximadamente 98.8 %, que equivalen a $3,248 millones, provienen de fondos federales.

Su prioridad para los siguientes años fiscales, agregó, será “garantizar que cada uno de esos proyectos que están vislumbrados, y que ya están formalmente obligados, se materialicen”. “En cuestión de la totalidad de los fondos, estamos bien cerca al 100 por ciento a obligarlos”, afirmó.

Vea:

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