Personal del DRNA lo señaló como la persona que podía ofrecer detalles en torno a un informe positivo de expansión, pero Luis González Ortiz sostuvo que él solo acogió, sin mucho análisis, la recomendación del personal técnico de la agencia.

Una vista pública senatorial convocada para supuestamente descifrar los elementos utilizados por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para avalar la expansión del vertedero de Carolina levantó más dudas que respuestas ayer cuando los legisladores lucieron desconcertados por el rol que juega un oficial examinador en lo que se conoce como una “vista investigativa”.

Luego de varios intentos por lograr que compareciera, el oficial examinador Luis González Ortiz finalmente se presentó ante la comisión. Su presencia fue gestionada a través de un tribunal y, en medio de la vista, le reconoció a la presidenta Marissa Jiménez que trajo a colación que es primo de la gobernadora Jenniffer González en medio de una disputa por la fecha en que podía presentarse a declarar.

“Era el mollero. Cuando ellos quisieran”, fue como González Ortiz describió la actitud del personal de la comisión que dirige Jiménez.

“Representó de muy mala forma a la gobernadora al creerse intocable”, le ripostó el senador por Carolina Héctor Joaquín Sánchez.

González Ortiz, explicó Jiménez, fue citado porque personal del DRNA sostuvo en una vista previa que él era la persona que podía contestar preguntas en torno al permiso otorgado por la agencia a los manejadores del vertedero municipal de Carolina.

Un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones desestimó un recurso presentado por Caribbean Golf Academy (CGA) que solicitaba dejar sin efecto un permiso del DRNA para que el Municipio de Carolina expandiera y continuara operando su vertedero. Apelaciones desestimó el recurso de CGA por un error del DRNA.

En síntesis, Apelaciones concluyó, y el DRNA admitió, que el permiso de expandir y continuar operando el vertedero, firmado por el subsecretario Nelson Cruz Santiago, no es final y que el caso llegó al tribunal prematuramente. Por lo tanto, el tribunal decidió que no tiene jurisdicción para atender la controversia todavía.

De hecho, el mismo González Ortiz podría atender el asunto en el DRNA en lo que se conoce como una vista adjudicativa si fuera asignado nuevamente al caso.

González Ortiz, con 17 años trabajando como oficial examinador, presidió una vista investigativa en que básicamente reconoció que sus poderes son limitadísimos, que no puede interpretar nada ni cuestionar y tampoco adjudicar o dar credibilidad, pero sí acogió la recomendación favorable del equipo técnico del DRNA para otorgar el permiso .

La controversia gira en torno a la posición de Caribbean Golf Academy, vecinos del vertedero, en contra de la expansión del relleno sanitario. Señalan, junto a otros opositores, que se está violentando una zona de amortiguamiento y los senadores ayer dieron cuenta de que el lugar presenta filtración de lixiviados y allí hay cuevas, ríos subterráneos y yacimiento arqueológicos. El río llega hasta Piñones y muy cerca está la Reserva Natural de Piñones.

“Aparentemente ha habido una extensión (del vertedero). A veces la gente estira la sábana más allá de lo que se puede cubrir y aparente hubo una extensión indebida”, dijo el senador Ángel Toledo.

González Ortiz insistió en una ponencia que su rol fue técnico y que no adjudica y, por lo tanto, no hay un debido proceso de ley en las vistas investigativas.

Como resultado de sus respuestas, la comisión citará al personal técnico del DRNA para resolver el aparente enredo.

En el caso del vertedero se limitó a presidir la vista investigativa, recopilar ponencias, preparar un informe, verificar que cumpliera con los documentos requeridos por el Programa de Contaminación de Terrenos e incorporar una recomendación del programa técnico. Ni siquiera verificar la veracidad de la información manejada, porque supuestamente no puede en esa etapa de los procesos.

“Mi recomendación se fundamentó en dos elementos: en la evaluación del Programa de Contaminación de Terrenos y la verificación del cumplimiento documental prima facie por parte del proponente”, dijo al señalar que él no da permisos y que eso le toca al Secretario o la persona que él designe. La recomendación técnica del DRNA sí fue que se aprobara.

“No formaba parte de mis funciones realizar evaluaciones técnicas sustantivas del proyecto ni llevar a cabo inspecciones oculares. Tales actuaciones corresponden al personal técnico especializado”, agregó. “La estructura del informe y su contenido constituyen una prerrogativa inherente a la función del oficial examinador dentro del proceso administrativo. No corresponde a entes externos dictar su forma ni cuestionar el criterio utilizado en su organización y redacción”, sostuvo.

Gran parte de la audiencia de ayer se centró en González Ortiz tratando de explicar su alegada mínima participación en los procesos, aunque aclaró que sería mayor protagonista si se le asignara a nivel administrativo la vista adjudicativa, asunto que no ha sido atendido por el DRNA.

A preguntas de las senadora María de Lourdes Santiago, González Ortiz insistió en que él no podía adjudicar la credibilidad en la vista investigativa, pero acto seguido sostuvo que él “tenía” que respetar la recomendación positiva del programa técnico del DRNA.

Cuando Santiago le preguntó en qué reglamento dice que él está impedido de adjudicar credibilidad a un dato analizado, González Ortiz aludió a uno en que solo se indica que tendrá como rol presidir una vista pública. Según él, con ese lenguaje se le prohíbe adjudicar credibilidad.

Más tarde, a preguntas del senador independiente Eliezer Molina, González Ortiz reconoció no entró en el contenido técnico que se le presentó.

“Y no adjudico tampoco”, dijo.

¿Usted tiene la capacidad y el conocimiento de entender los elementos técnicos?, le preguntó Molina, quien dijo haber grabado, durante una visita ocular, filtraciones de lixiviados en el vertedero.

“No. No tengo eso”, respondió González Ortiz sobre la capacidad y conocimiento en cuestión. González Ortiz es abogado y defendió sus credenciales durante toda la audiencia pública.

“Seguí la recomendación del programa técnico”, insistió el deponente.

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