La Junta de Control Fiscal (JCF), ente creado bajo la Ley PROMESA, ha impactado grandemente el acceso a la Justicia en Puerto Rico con limitaciones internas y otras externas, según la licenciada Ariadna Godreau-Aubert, que participó en el Simposio ‘Acceso a la Justicia en tiempo de crisis’, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras (UPRRP).

‘A nivel interno la JCF tiene la posibilidad de revisar el presupuesto y establecer que son las prioridades del País: el acceso a la Justicia, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la educación. Ninguno de esas son las prioridades en Promesa. Las prioridades son 2: pagar la deuda y devolver a Puerto Rico a su reputación financiera aceptable, así que va a ver un impacto en las asignaciones de fondo a las organizaciones que proveen acceso a la justicia’, explicó Godreau-Aubert a preguntas de NotiCel.

La segunda consecuencia es la inmunidad del ente que controla las finanzas del Gobierno central, y también permite el establecimiento de proyectos críticos de manera sumaria, es decir, que no tendrán vistas públicas. Para la licenciada, habrá una limitación en la participación ciudadana, particular que crea un barrera para acceder a la Justicia.

Según mencionó la letrada durante su participación, otro proyecto que trastoca el acceso a la justica esla aprobada Reforma Laboral.

Específicamente esta ley ‘encarece el proceso de una empleada despedida injustificadamente de defenderse de su patrono, y a la misma vez, permite que se pasan enmiendas como la del Código Penal, que es una consecuencia directa para hacer Puerto Rico más atractivo para la inversión’, explicó la licenciada.

En la misma línea, el desmantelamiento de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público es otro escollo en el acceso porque no se pide reparación por los daños sufridos, a pesar de que la JCF ha exigido recortes en áreas como la UPR. ‘Pero tú no sabes a quien tú le debes, a quién pedirle reparación. Si ese dinero se gastó ilegalmente, si se gastó para lo que no era y eso también es un problema de acceso a la justicia’.

Para el profesor de la Escuela de Derecho, Efrén Rivera Ramos, existe una sensación de que la Junta tiene todo el poder y que el pueblo tiene que resignarse a lo que determine el organismo. Sin embargo, denunció que ‘hay un espacio enorme para fiscalizar y denunciar lo que esa Junta determina, lo que el Gobierno hace a la luz de lo que la Junta le pide. Y yo creo que eso va a ser parte de la lucha por el acceso a la Justicia y no debemos renunciar a eso porque si uno mira las prioridades que ha establecido la junta, la determinación que hay que quitarle 300 millones de dólares a la Universidad…Bueno, a base de qué criterio, de dónde salió ese número?’.

‘No hay que olvidar que toda legislación que se apruebe nueva, tiene que enviarse a la junta para que la Junta pase juicio sobre el impacto fiscal de eso, pero con qué criterios va a pasar juicio porque obviamente casi todo lo que se legisla tiene un impacto fiscal, algún recurso hay que destinar’, abundó el catedrático.

Profesora de Stanford da sus recomendaciones

Por su parte, la profesora invitada Deborah L. Rhode, catedrática de la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford, hizo sus sugerencias para mejorar el acceso, en un panel que discutió la transición hacia un modelo cohesivo de Acceso a la Justicia en Puerto Rico. Sus tres recomendaciones consistieron en, primero, maximizar oportunidades para la autoayuda y para servicios legales que sean de menor costo; segundo, tener más asistencia pro bono, y por último, innovar, evaluar, educar y experimentar con nuevos fondos e investigaciones.

En el primer punto, mencionó que de una investigación se desprendió que de personas que podían beneficiarse de una asistencia legal, solo un 9 por ciento describió su problema como legal y solo 8 consultaron un abogado. El costo no era el mayor problema. La razón más común fue una variante de que no necesitan asistencia legal. Por lo tanto, la profesora propuso crear más canales efectivos para las resoluciones legales, que no estén solo en las cortes, si no también en los vecindarios, trabajos, comercios y hasta en Internet.

Su segunda recomendación fue entorno a crear una cultura donde los abogados pueden realizar trabajos pro bono, incentivando a experiencias con las comunidades más necesitadas.’El trabajo pro bono le da a muchos abogados su única experiencia directa con problemas relacionados a la pobreza y también le da a ciertas organizaciones una oportunidades crucial de cambio’, explicó Rhode.

Su último punto instó a crear un sistema tecnológico que sea más amigable a la ciudadanía, y tratar de allegar fondos para mejorar el sistema judicial. Entre las alternativas, mencionó que se puede establecer un sistema de impuestos como han hecho otras jurisdicciones.