La Comisión de Intercambio de Valores (SEC, por sus siglas en ingles) emitirá el martes su decisión en torno a una querella radicada en mayo del 2012 contra dos altos ejecutivos de UBS Puerto Rico por alegadamente haber hecho representaciones falsas en torno a la compra y venta de acciones de ciertos Fondos Mutuos Cerrados entre mayo del 2008 y septiembre del 2009.

UBS Puerto Rico y la SEC acordaron resolver los señalamientos mediante el pago de $26.6 millones de dólares que se colocarían en un fondo para los inversionistas perjudicados, pero el ex vicepresidente y principal oficial ejecutivo, Miguel Ferrer, y el jefe de mercados de capital, Carlos J. Ortiz, rehusaron transar las alegaciones contra ellos.

La jueza Administrativa Brenda P. Murray tenía hasta el 29 de octubre para emitir su decisión luego de haber solicitado dos extensiones, una de seis meses y otra de 45 días, al declarar que la vista del caso que duró 13 días produjo sobre 3,000 páginas de documentos.

La querella alega que Ferrer y Ortiz supervisaron la creación de una burbuja en la que se tomaba el dinero de los clientes y, en vez de sujetar esas inversiones a los movimientos normales del mercado, les manipulaban el precio e inflaban artificialmente su rendimiento.

Además, cuando el esquema comenzó a fallar, y el rendimiento real comenzó a bajar, la querella dice que UBS y sus ejecutivos primero recuperaron las pérdidas de la compañía, y luego atendieron los intereses de sus clientes, causando que éstos sufrieran pérdidas estimadas en unos $500 millones.

Según previamente publicado por NotiCel, el perfil principal de estas víctimas son personas retiradas que colocan sus ahorros en inversiones para suplementar su cheque de Seguro Social, pero entre los inversionistas afectados hay comercios y cooperativas.

La querella alega que Ferrer y Ortiz engañaron a los inversionistas y no dieron a conocer que controlaban el mercado secundario para 23 Fondos Mutuos Cerrados.

Según la querella, los ejecutivos promovieron las inversiones como seguras y de alto rendimiento porque su liquidez estaba siendo garantizada por el mercado secundario mientras de otra parte estaban trabajando para venderles los Fondos Mutuos Cerrados de UBS porque era un riesgo grande.

La querella es parte de una serie de acciones legales contra UBS que se espera ocurran en los próximos meses.

El ejecutivo de autos retirado, Víctor M. Gómez y su familia fueron de los primeros en radicar a principios de mes una querella contra UBS Financial Services ante la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera, FINRA por sus siglas en inglés, en donde piden se les restituya $30 millones en pérdidas de inversiones y daños punitivos.

La acción legal alega que UBS diseñó una estrategia de inversiones para los demandantes en la cual no les informaron los riesgos. Además, se alega que la firma de inversiones implementó un esquema fraudulento para generar ganancias exorbitantes.

La querella alega que Gómez y su familia estaban interesados en una inversión ‘fija, segura y diversificada’ pero que UBS diseñó una estrategia de inversión de alto riesgo.

Mientras, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras recientemente anunció que comenzó una investigación de las quejas de inversionistas contra UBS.