Esta ley, afirmaron, pone en riesgo la salud, la libertad y la autonomía de las mujeres y personas gestantes, reproduciendo efectos ya documentados en otras jurisdicciones, donde la personalidad fetal ha derivado en criminalización y graves daños a sus vidas y derechos.

La organización Aborto Libre Puerto Rico condenó esta tarde la decisión de la gobernadora Jenniffer González de convertir en ley el Proyecto del Senado 504, otorgando personalidad jurídica al cigoto, embrión o feto. 

Esta ley, según denunció Aborto Libre Puerto Rico en declaraciones escritas, suspende la autonomía y emancipación de las mujeres y personas gestantes, las somete a un régimen de tutela y permite que terceros intervengan en sus decisiones íntimas y médicas. 

“Una vez más, la política partidista sacrifica derechos fundamentales en favor de sectores conservadores y fundamentalistas, dejando a las mujeres desprotegidas”, lee el escrito en que se acusó a González de darle la espalda al reclamo de cientos de profesionales de la salud y el derecho, al igual que decenas de organizaciones de derechos humanos y derechos de las mujeres en Puerto Rico. 

En las pasadas semanas, estos grupos hicieron declaraciones públicas e intentaron de diversas maneras comunicarle a la gobernadora cuán, peligroso, según indicaron, es este proyecto. El Proyecto del Senado 504 fue aprobado, denunciaron, de manera apresurada y sin consulta, trastocando el ordenamiento jurídico vigente y amenazando los estándares de cuidado y los protocolos clínicos que rigen la práctica médica, donde “debe prevalecer el principio ético de la autonomía”.

Esta ley, afirmaron, pone en riesgo la salud, la libertad y la autonomía de las mujeres y personas gestantes, reproduciendo efectos ya documentados en otras jurisdicciones, donde la personalidad fetal ha derivado en criminalización y graves daños a sus vidas y derechos.

“Además, el PS 504 suspende de manera explícita los procesos de emancipación al condicionar la capacidad de decisión de las mujeres al simple hecho de un embarazo, desplazándolas como sujetas plenas de derechos y exponiéndolas a la intervención de terceros en decisiones sobre su cuerpo y su vida. Esta regresión atenta contra la igualdad, la autonomía personal y el reconocimiento de las mujeres como personas libres y capaces de decidir sobre sus propios cuerpos y su futuro”, lee el escrito firmado por Rosa Seguí, Yanira Reyes Gil, Ruthie Arroyo y Alondra Hernández Quiñones.

“Este proyecto, ahora ley, no se aprobó para resolver problema legal o de salud alguno. Por el contrario, este cambio en el Código Civil, provocará conflictos legales y médicos, innecesariamente. A pesar de que se hicieron advertencias sobre estos peligros por parte de personas expertas en derecho y salud, la gobernadora optó por ignorarlas. Esta acción solo puede entenderse como un cálculo político dirigido a congraciarse con sectores conservadores y fundamentalistas religiosos, aun cuando ello implique sacrificar derechos humanos fundamentales. En esta batalla político partidista los derechos de las mujeres fueron sacrificados por unos cuantos votos”, indicaron.