La oficina de Seguridad del Departamento de Corrección y Rehabilitación reportó en 2023, 16 intentos de agresión y 34 amenazas.

Entre el 2022 y el 2023, los oficiales de custodia adscritos a instituciones correccionales juveniles en la isla presentaron un incremento importante de agresión y amenazas como parte del desempeño de sus labores.

Estos riesgos se atribuyen a la eliminación del uso del gas pimienta como medida disuasiva, a través de la Ley 47- 2022, que vela por el mejor interés de los menores de edad por considerarlo parte de la violación a los derechos humanos.

Oscar Ortiz Colón, oficial de Servicios Juveniles y presidente de la Federación de Oficiales de Custodia, señaló: “La eliminación del único equipo y herramienta de respuesta utilizados para intervenir o retomar el control en situaciones que afectan el orden y la seguridad institucional ha generado una condición de vulnerabilidad. La carencia de estos recursos compromete la protección y la integridad tanto de los jóvenes internos como del personal civil y de seguridad que presta servicio directo”.

El oficial con 28 años de servicio, denunció que la eliminación del uso del gas pimienta ha generado un periodo de incertidumbre e inestabilidad donde se han visto afectados los oficiales de servicios juveniles y el orden institucional. 

“Lo cierto es que el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico (DCR) nos adiestra y capacita, pero cada situación es particular. El equipo de protección provisto se limita a esto y carecemos de equipo de respuesta”, agregó.

El gas pimienta, según la Policía, es una herramienta alternativa que los oficiales utilizan para intervenir en situaciones que requieren niveles inferiores del uso de fuerza, específicamente cuando un individuo presente resistencia activa. En medio de riñas entre menores el gas pimienta permite intervenir a distancia, reduciendo la necesidad de forcejeos físicos.

Datos ofrecidos por la oficina de Seguridad del DCR señalan que, en 2022, previo a la puesta en vigor de la Ley 47 que elimina el uso del agente químico, se reportaron seis eventos de agresiones contra empleados de Corrección y un total de 15 amenazas. En contraste, en 2023, tras la vigencia de la medida se produjeron 16 intentos de agresión y 34 amenazas.

El DCR, en su ponencia sobre el proyecto que analiza las condiciones de trabajo y el uso y protocolos del gas pimienta, destacó que la agencia siempre ha procurado el cumplimiento de los protocolos y requisitos que regulan su uso. 

 “Aun teniendo el uso del agente químico el DCR probó que se utilizaba la fuerza de manera  justa y proporcional al evento, cuando se había agotado toda alternativa. Así se probó a nivel de monitoria federal”, justificó Zulma Matías Otero, coordinadora de Programa de Instituciones Juveniles, en representación del secretario correccional, Francisco Quiñones.

Asimismo, Matías Otero resaltó que tras implementada la medida, el DCR apostó por atemperar los adiestramientos, acoger una visión restaurativa y reenfocar el procedimiento de capacitación de personal. El entrenamiento para intervenir sin agentes químicos consta de 40 horas anuales, fomenta el dialogo y proveer al personal equipo de protección para mediar intervenciones físicas. 

“Estamos consiente de que nuestros jóvenes y el perfil de la matricula atendida en 2025, es distinto al que se atendió en 2008, 2010 y 2020.  La agencia ha sido proactiva en dotar al personal para intervenir sin llegar al esfuerzo físico”, sostuvo.

Urgen más mecanismos de intervención

Actualmente, la isla cuenta con dos instituciones de detención que albergan un total de 70 jóvenes entre los 16 y 21 años, en los pueblos de Villalba y Ponce, que por faltas graves conllevan medidas dispositivas. 

Durante la vista trascendió que el 53% de dicha matricula presenta problemas del neurodesarrollo y 29% ha sido víctima de trata humana.

“La agencia está bien consciente del perfil de la matrícula a la que servimos, tendencia y patrón de los incidentes que manejamos. Y, hemos logrado atemperar el proceso de capacitación a lo que es el perfil actual de la matricula y los trastornos que atendemos como parte de esta. El tratamiento es individualizado para los jóvenes y para atender las necesidades del personal que le sirve a esta matrícula”, agregó la funcionaria. 

Durante la vista trascendió que el proceso de capacitación, adquisición de equipo de protección personal y dotar con equipo de seguridad de alta gama estas institucionen, así como el reclutamiento de más oficiales de custodia es parte del plan de trabajo que se fijó la administración correccional actual. 

Sin embargo, a la fecha quedan abiertas 120 plazas por cubrir. La agencia señaló que el proceso de reclutamiento se ha visto afectado por múltiples variables, entre ellas la localización. Las únicas dos instituciones juveniles en la isla, en los pueblos de Villalba y Ponce, ambas al sur de Puerto Rico.

Empero, el aspecto que más ha trastocado el interés de nuevos aspirantes es el escenario de riesgo y percepción de inseguridad.

Opiniones encontradas respecto al gas pimienta

Habiendo establecido que el equipo de protección física no es suficiente para proteger la vida de los oficiales correccionales, el representante Ensol Rodríguez cuestionó la posibilidad de reinstaurar el uso de gas pimienta como medida preventiva y si esto implicara restablecer el protocolo anterior o establecer uno nuevo.

Matías opinó que habría que realizar un esfuerzo a nivel legislativo.

De otro lado, la representante Adriana Gutiérrez opinó que reinstaurar el uso del gas pimienta representaría un retroceso en los avances que se están dando a nivel internacional en cuanto al tema.

“Me parece que se deshumaniza a los menores que se encuentran en instituciones juveniles. No tomando en consideración los datos que el DCR han reportado desde 2021. Por ejemplo, que 53% de los jóvenes en institución ha tenido trastorno de neurodesarrollo y 29 % ha sido víctima de trata humana. Es importante tener esto en consideración antes de asumir posturas que les deshumaniza y pierde de perspectiva la médula del problema que debemos estar atendiendo como una visión de justicia restaurativa y no punitiva”, sentenció.

Por su parte, la representante Odalys González coincidió con Gutiérrez en que debe procurarse justicia restaurativa, pero también en reforzar la parte psicológica para “sanar heridas y crear nuevos seres humanos”. 

La Comisión otorgó 10 días al Departamento de Corrección y Rehabilitación para someter documentos y estadísticas que permitan evaluar en profundidad las necesidades de los oficiales correccionales y sus riesgos.