En el marco de la firma de la extensión y ampliación de memorándum de entendimiento entre las agencias federales y estatales, la jefa de Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez, afirmó que está consultando con Washington para ver si asumen jurisdicción con relación a la masacre de la familia de Guaynabo y no descartan solicitar la certificación de pena de muerte contra los dos jóvenes imputados, Christopher Sánchez Asencio y Jose Bosch Mulero.

De acuerdo a Rodríguez, las agencias federales podrían intervenir en el caso debido a la comisión de delitos que violan la Ley de Armas y/o por el secuestro de los dos menores.

‘Cualquier eventualidad, si es un caso de pena de muerte, no es una afronta al sistema (estatal). No vamos a usar fiscales estatales definitivamente. El mismo acuerdo lo dice que no se van a usar fiscales estatales. Lo que vamos a hacer es poner en vigor la Ley (Federal), que precisamente para eso estamos las autoridades federales’, determinó Rodríguez.

Sin embargo, el gobernador Alejandro García Padilla reiteró que no está a favor de la pena de muerte.

‘Yo no solamente me opongo a la pena de muerte, sino que hago campaña activa en contra de la pena de muerte por muchas razones, que ustedes todas las conocen. Y procuraría que un jurado puertorriqueño no encuentre a una persona en pena de muerte. Haría todas las expresiones posible publicamente para persuadir al jurado de que no encuentren una persona culpable por pena de muerte ‘, puntualizó García Padilla.

De otro lado, García Padilla anunció esta tarde la extensión y ampliación del memorándum de entendimiento firmado entre las agencias federales y estatales.

Como parte de esta extensión ahora se incluyen las regiones de Aibonito, Arecibo, Utuado y Mayagüez. De esta manera todas las regiones del país estarían incluidas dentro del acuerdo.

Según el Ejecutivo con este acuerdo se estarían concentrando en atender casos de ‘carjacking’ (robo de auto a mano armada), robos a instituciones financieras, incidentes de abuso sexual contra menores, y los crímenes donde se utilicen armas de fuego.

De hecho, García Padilla y el secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, manifestaron que como parte de este nuevo acuerdo las entidades federales y estatales tendrán acceso a los folios del Registro de la Propiedad a través de un nuevo sistema digital, para poder cercar los casos de evasión contributiva y lavado de dinero. Se espera que esta nueva herramienta ya esté disponible para mayo de 2015.

De igual forma, se adelantó que como parte del acuerdo, las agencias federales y estatales reforzarán su comunicación para facilitar la investigación y el procesamiento judicial de los casos en cualquiera de las dos jurisdicciones.

Hay que destacar que bajo la administración de Luis Fortuño se firmó el primer memorándum para procesar ciertos delitos de crímenes violentos y el narcotráfico a través de las agencias federales. Este acuerdo de colaboración incluía las regiones judiciales de San Juan, Ponce, Caguas, Bayamón, Carolina, Guayama y Fajardo.

Bajo García Padilla, se amplió el año pasado el acuerdo a las regiones de Aguadilla y Humacao.

El Primer Mandatario agregó que en ‘los primeros acuerdos de colaboración se iniciaron formalmente en los años noventa, pero ya desde el 1985 bajo la secretaría de Héctor Rivera Cruz, se trabajaba en conjunto sin memorándum de entendimiento. Estos memorándum han tenido gran efecto, un efecto muy positivo… Las siete regiones judiciales donde se implantó inicialmente este acuerdo ya han visto al día de hoy, una caída de 14% para todos los crímenes violentos en comparación con el 2012 y de 17% en comparación con el 2011. La reducción de los asesinatos se refleja en una merma de 30% en comparación con el 2012 y de 43% comparado con el 2011’.

Asimismo, García Padilla afirmó que en las dos regiones en las que en el 2013 extendió el acuerdo, han experimentado una merma de más de 30% en los crímenes violentos en lo que va del 2014.

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