Homofobia y xenofobia fueron descritas como las prácticas y actitudes más comunes cada vez que las fuerzas de ley y orden de Puerto Rico intervienen con grupos minoritarios en la isla, tales como la población dominicana y quienes se identifican como integrantes de la comunidad Lésbica, Gay, Bisexual, Transexual y Transgénero (LGBTT).

En la presentación de los resultados de la ‘Comisión especial para estudiar el estado actual de los derechos constitucionales’ del Colegio de Abogados de Puerto Rico (CAPR), un grupo de expertos en materia jurídica presentaron ayer los hallazgos de meses de investigación y esbozaron cómo por medio de la intervención de las fuerzas policiales se delata la mentalidad provincial y excluyente del gobierno estatal isleño.

Como parte de un foro celebrado en la sede del CAPR en Santurce, las voces de estos expertos en derecho se sumaron a la de otras organizaciones como la American Civil Liberties Union y Amnistía Internacional de Puerto Rico, en su denuncia del patrón de maltrato selectivo hacia grupos históricamente marginados ya sea por su origen, perfil socioeconómico y estilos de vida.

‘Que la comunidad dominicana se exponga al discrimen por ser pobres, negros y hablar distinto y que ese discrimen venga de personas que también son pobres, negras y hablan distinto, es un acto de vejación del colonialismo’, expresó el abogado y profesor en la Escuela de Derecho Eugenio María de Hostos, Daniel Nina durante su ponencia del jueves.

A tono con lo planteado por Nina, Osvaldo Burgos, de Amnistía Internacional de Puerto Rico, habló sobre cómo estas actitudes generalizadas entre los puertorriqueños igualmente inciden en el comportamiento de la policía cada vez que intervienen con personas de nacionalidad dominicana.

Al hablar del carpeteo racial de parte de los miembros de la uniformada, Burgos denunció el testimonio de dominicanos residentes en Puerto Rico que han planteado casos de compatriotas que han sido detenidos ante la sospecha de ser residentes ilegales de la isla. Según Burgos, estos dominicanos se exponen constantemente a acosos y detenciones ilegales producto del capricho policial que juzga sólo por la apariencia física de un sujeto que pueda lucir como ‘dominicano’.

Igualmente dijo que, por su apariencia física, ‘en las escuelas se les interroga (a los dominicanos) sobre su estatus migratorio y son referidos a autoridades federales para deportaciones’.

Asimismo, Burgos tronó contra el Tribunal Supremo de Puerto Rico porque ‘a la fecha no se ha resuelto ningún caso que atienda el asunto del discrimen por origen nacional, ni contra la comunidad dominicana ni contra ninguna otra’.

Según Burgos, eso demuestra una crisis de falta de acceso a la justicia para los dominicanos y otros sectores excluidos de la sociedad puertorriqueña.

Con una línea de pensamiento similar se expresó la abogada Nora Vargas Acosta, quien arremetió contra el sistema de justicia puertorriqueño por dar un trato diferencial discriminatorio a personas dentro de la comunidad LGBTT.

‘Cuando se trata de una persona LGBTT, el análisis (judicial) es diferente’, señaló Vargas Acosta.

‘Identificamos violaciones de la Policía de Puerto Rico y del Departamento de Educación. Se identificaron incidentes de policías que intervinieron con estudiantes homosexuales o lesbianas y le hacían epítetos tales como pato o bucha’, explicó la abogada.

Al igual que la comunidad dominicana y su pobre acceso a las instituciones de justicia del país, Vargas Acosta dijo que el Tribunal Supremo de la isla no ha contribuido a mejorar las protecciones y derechos de las personas que se identifican como LGBTT.

‘En una de sus opiniones, el Tribunal Supremo no quiso reconocerle protección por violencia doméstica a una persona porque su pareja era del mismo sexo. Nuestro orden jurídico ha sido incapaz de reconocerle derechos a la comunidad LGBTT’, acotó Vargas Acosta.