MCS Health Management Options solicitó la protección del Tribunal de Distrito Federal para detener esfuerzos de la Oficina del Procurador del Paciente de quererle imponer una multa ‘caprichosa y arbitraria’ de $1,700 millones que dejará a la empresa en la ruina, según alega la empresa.

MCS-HMO fue la compañía que obtuvo un contrato que entró en vigor en el 2010 para proveer servicios bajo Mi Salud a cinco de las ocho regiones de salud. El gobierno canceló el contrato en el 2011 ante querellas relacionadas al pago tardío a proveedores y otras quejas.

MCS-HMO está solicitando la ayuda del Tribunal Federal al alegar violación a su debido proceso de ley y de protecciones constitucionales que prohiben multas excesivas como parte del proceso que está llevando la OPP en relación a la cancelación del contrato con ASES.

La compañía dice que la multa que desea imponerle la OPP, sería la más alta impuesta en Puerto Rico, y es ‘500 veces mayor que el presupuesto de la OPP’ y ‘un tercio de los fondos federales’ que recibe la isla en programas de salud.

‘Por su tamaño esta multa es claramente inconstitucional’, dice la querella.

MCS-HMO solicitó que se le otorgue un interdicto y una sentencia declaratoria luego de hacer listado en su escrito de las violaciones a su debido proceso de ley en el proceso administrativo ante la OPP. A modo de ejemplo, MCS alega que la OPP quiere obligarlo a ir a una vista administrativa sin hacer descubrimiento de prueba. El Oficial Examinador del caso tampoco le ha querido dar paso a un pedido de MCS para traer testigos a su favor.

‘Estas y otras decisiones muestran que la forma en que la OPP y la oficial examinador han manejado el proceso ha sido sumamente arbitraria’, dijo en la querella contra el procurador Carlos Mellado y la oficial examinadora.

En el 2011, la OPP comenzó una investigación contra la MCS en donde solicitó información para determinar si se había violentado la Carta de Derechos del Paciente como parte de la terminación del contrato con Mi Salud y el proceso de transición.

Como parte de la investigación, MCS sometió a la OPP copia de su plan de transición de servicios hacia el nuevo asegurador que lo sustituiría bajo el programa Mi Salud. En septiembre del 2011, la OPP solicitó información acerca de los motivos por los cuales MCS saco a decenas de ginecólogos y médicos de su red de proveedores. De otra parte, en diciembre del 2011, un oficial investigador de la OPP concluyo en un informe que MCS había violentado los derechos de pacientes y sugirió la imposición de una multa de $5 millones. MCS se opuso al contenido del informe alegando que no hubo tal violación pero el oficial investigador no hizo caso y sometió un informe final reiterando sus conclusiones.

El proceso administrativo fue referido ante un oficial examinador. MCS durante el curso del procedimiento argumentó que la OPP no tenía jurisdicción para investigar la cancelación del contrato con Mi Salud ni la controversia de los ginecólogos y doctores que fueron sacados de la red de proveedores. La empresa pidió que se desestimara el caso.

La OPP se opuso y en junio del 2012 dijo que la multa contra MCS se debía de aumentar a $125 millones.

Así las cosas, la OPP en septiembre del 2012, le notificó a MCS que se disponía a emitir una multa de sobre $1,750 millones por cancelar el contrato de Mi Salud 30 días antes de comenzar el periodo de transición; $2 millones por no notificarle a 528 mujeres sobre la cancelación de contratos con 26 ginecólogos; $2.6 millones por violentar los derechos de libre selección de las pacientes; $5,000 por no notificar a la OPP de la cancelación del contrato y otros $5,000 por no notificar con 24 horas con antelación acerca de la cancelación del contrato con Mi Salud.

MCS solicitó una vista administrativa y descubrimiento de prueba, el cual fue denegado. MCS apeló al Tribunal de Apelaciones y al Tribunal Supremo pero sus mociones también fueron denegadas. No fue hasta mayo del 2013, que la OPP accedió a hacer un descubrimiento de prueba parcial en donde entregó a MCS unas 30 de 690 querellas que la OPP alega que había recibido de pacientes.

MCS fue nuevamente a solicitar el auxilio del Tribunal de Apelaciones que consolido el caso de la OPP con otro radicado por la Administración de Seguros de Salud pero no decidió nada acerca de la controversia por el descubrimiento de prueba alegando que era prematuro. MCS fue nuevamente al Tribunal Supremo, cuyos jueces recientemente denegaron ver la controversia.

Demanda MCS contra la Oficina del Procurador del Paciente – NotiCel_5919