Según se desprende de un informe de auditoría de la Contralora de Puerto Rico, una profesora adscrita al Departamento de Ingles de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Recinto de Humacao, utilizaba tiempo de su tarea docente para ejercer su práctica privada como abogada, realizaba notarías, y representaba a sus clientes en el Tribunal.
La auditoría no pudo verificar cómo la profesora podía cumplir con su horario de trabajo regular de 37.5 horas semanales si asistía a los tribunales y realizaba notarías simultáneamente. De hecho, en el Informe mensual de asistencia no aparecen ausencias registradas en los días que acudió al Tribunal. Además en el pasado (agosto de 1998), la profesora había sido suspendida de empleo y sueldo por 17 días por problemas de tardanzas y asistencia en violación al Reglamento General de la UPR. Esta situación causó que no se atendieran adecuadamente las necesidades de 851 estudiantes matriculados.
Según la contralora Yesmín Valdivieso, entre enero del 2010 a diciembre de 2014, la profesora recibió salarios por 420 mil dólares de la UPRH. En ese mismo periodo aproximadamente, realizó 675 notarías y atendió 1,889 casos en los tribunales de Puerto Rico.
Para los semestres de agosto de 2009 a enero de 2015, a la profesora se le asignaron cursos que comenzaban en su mayoría a las 12:30 p.m. y terminaban aproximadamente a las 6:20 p.m. El Informe evidencia que la profesora incumplió con su tarea docente ya que en 49 de los 97 casos examinados, la profesora acudió en 90 ocasiones a los tribunales en representación de sus clientes en horarios de clases y realizó 286 notarías durante 76 días laborables del calendario académico.
Como pudo haberse configurado una violación a la Ley de Ética Gubernamental, el Informe contiene una recomendación a la Directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) para la acción que corresponda.
El segundo hallazgo revela que a una empleada se le concedió un aumento de sueldo equivalente a 10 niveles retributivos, lo cual demuestra que la Rectora en funciones se excedió en sus facultades al otorgar 6 de los 10 niveles de retribución sin la autorización del Presidente de la UPR.
La opinión de la Contraloría es adversa y el informe cubre el periodo del 1 de enero de 2010 al 30 de junio de 2015.
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