Un grupo de tenedores de bonos cuya fuente de repago se basa en el Impuesto de Ventas y Uso (IVU) presentó una contraoferta al gobierno del Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico para posponer el pago de estos bonos a cambio de preservar la garantía de sus notas por la Corporación del Fondo de Interes Apremiante (COFINA).

Los bonos de COFINA se dividen en $7.6 billones de notas senior que se pagarían primero de lograr una reestructuración de la deuda del gobierno y $9.7 billones de notas subordinadas, de acuerdo a la propuesta presentada por el asesor financiero del grupo de bonistas, Miller Buckfire & Co. y el bufete legal Quinn Emanuel Urquhart <><><><><><><><>< Sullivan LLP./p

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El grupo que controla las notas senior de COFINA incluye a MetLife Inc., Whitebox Advisors LLC, Goldentree Asset Management LP y José Rodríguez Perelló, exmiembro de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), según aseguró una fuente a a href=’http://www.nasdaq.com/article/puerto-rico-bondholders-offer-another-restructuring-plan-20160210-00900′ target=’_blank’Nasdaq/a./p

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Rodríguez Perelló envió una misiva el 8 de febrero a COFINA exigiendo que rechazara la oferta y amenazó on declarar un eventual impago, lo que aceleraría el pago de los bonos si la agencia no responde a su carta en 30 días./p

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Bajo la propuesta del ELA a los bonistas, los acreedores de COFINA tendrían un recorte de hasta 51% en el pago de sus bonos, según reseñara a href=’http://finance.yahoo.com/news/puerto-rico-creditor-group-counters-193150678.html;_ylt=AwrC1zHxn7tWU2IA_FTQtDMD;_ylu=X3oDMTBybGY3bmpvBGNvbG8DYmYxBHBvcwMyBHZ0aWQDBHNlYwNzcg–‘ target=’_blank’>Reuters. La propuesta presentada por el gobierno el pasado 1 de febrero, ofreció a tenedores de $49 billones de la deuda un intercambio por nuevos bonos con más protecciones legales recortando 46% del principal.

Esta es la primera contraoferta que presenta un grupo de bonistas al territorio estadounidense no incorporado que sufre una década de recesión económica y cuya actual administración ha acudido en múltiples ocasiones al Congreso a pedir un marco legal que respalde un plan de reestructuración de su deuda de $73,000 millones.

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