Su destitución está paralizada por el Título III.

Un año despues de declararse culpable por hostigamiento y acoso sexual a una abonada de la Autoridad de Energía Electrica (AEE), Jose J. Cordero Perez parece seguir como empleado de la corporación pública y beneficiándose de la paralización de procesos adjudicativos que ha provocado la quiebra del país y de la AEE.

La información está contenida en unas escuetas declaraciones sometidas por la agencia, que a su vez denotan que, pese a que para algunos esto podría catalogarse como noticia vieja, el procedimiento criminal contra el exempleado no ha finalizado debido a la situación fiscal y legal del país.

Mientras, las expresiones vertidas por la AEE, así como por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) reflejan el pase de batón y el grado de estoicidad denunciado por la víctima al inicio del proceso judicial contra Cordero Perez en el 2015.

‘Conforme establece el Convenio Colectivo, el caso se encuentra en el Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo, por lo que no emitiremos comentarios adicionales sobre el particular para no afectar el trámite correspondiente. En dicho proceso la AEE ha solicitado la destitución del empleado’, declaró la AEE por escrito.

NotiCel preguntó sobre la existencia de un protocolo para casos como estos en los que un empleado de la corporación acosa a una abonada, pero la agencia optó por no contestar y remitirse a las expresiones escritas.

En su mensaje, la AEE tampoco especificó la fecha en que se concretó la solicitud de destitución. Sin embargo, para la segunda semana de junio del año en curso trascendió un reclamo de la víctima para que la agencia expulsara a Cordero Perez. Por esta razón, se presume que su salida de la quebrada corporación pública es una posibilidad reciente.

Los hechos se remontan al 2014, cuando Cordero Perez –quien se desempeñaba como Investigador de Irregularidades en Consumo de Energía Electrica– comenzó un patrón de persecución con una residente de Aguadilla a quien le inspeccionaba el contador.

Según salió a relucir durante una vista judicial, el exempleado envió mensajes como ‘no te pongas brava que te corto la luz’ y ‘pobre de tu novio’ a la querellante.

De acuerdo a la víctima, Cordero Perez pasaba por su casa en vehículos oficiales de la AEE y aumentaba la cantidad de mensajes de texto que le cursaba, algunos con contenido sexual.

Asimismo, la mujer contó que Cordero Perez la intentó sobornar mediante una invitación a sostener una relación sexual a cambio de removerle una multa de $6,000.

Ante este panorama, la mujer alertó a varios supervisores de la AEE sobre la situación, pero ninguno tomó acciones correctivas contra el empleado. Uno de esos supervisores, tal como relató en sala, le pidió discreción para preservar su reputación como mujer.

La dilación por parte de la AEE para destituir a Cordero Perez se ha adjudicado públicamente a la relación que sostenía el acusado con el actual representante Jose L. Rivera Guerra, pues eran cuñados.

Empero, el legislador por los distritos de Aguadilla y Moca se desligó de Cordero Perez y negó cualquier uso de su poder político para influenciar el estatus laboral del exempleado.

‘Al que señalan como mi ‘cuñado’, está divorciado de mi hermana desde el 2013. Segundo, nunca intervine en el caso al que hacen referencia, de hecho, para el 2014 no era representante a la Cámara, y la administración en el poder era del Partido Popular Democrático. Quiero dejar meridianamente claro que condeno cualquier acto de hostigamiento, soy un hombre de familia y todo el que me conoce lo sabe’, exclamó Rivera Guerra.

Por su parte, el DTRH señaló que no se manifiesta sobre casos particulares, sin embargo, el Negociado de Conciliación y Arbitraje designó al árbitro Jose F. Pueyo Font para liderar el caso desde abril de 2017.

No obstante, el proceso de Título III bajo la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica para Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en ingles), detuvo las incidencias.

‘Luego de dos fechas señaladas y notificadas para vistas, una el 3 de julio de 2017 que fue suspendida por un receso administrativo en el Gobierno, que incluyó al DTRH, y la otra reseñalada para el 25 de agosto de 2017, a la cual no compareció la UTIER, que es el organismo que representa al empleado, todos los casos entre la AEE y las respectivas uniones fueron paralizados por el Título III de la Ley Federal PROMESA y hasta el momento continúan en ese estado’, relató el DTRH por escrito.

De acuerdo a dos portales especializados en expedientes judiciales, el caso suponía tener una continuación en septiembre.

En febrero de 2017, el exempleado realizó un alegato de culpabilidad por acoso sexual, negligencia en el cumplimiento del deber y alteración a la paz contra la mujer. Como resultado, se le ordenó el pago de $5,500 en multas por 27 infracciones a cuatro artículos de la Ley de Ética Gubernamental.