Copenhague – Noruega recordará mañana en todo su territorio a las 77 víctimas mortales del doble atentado perpetrado hace un año por el ultraderechista Anders Behring Breivik, que conmocionó el país y amenazó su modelo de sociedad abierta.

Los actos principales estarán centrados en los escenarios del atentado: en el complejo gubernamental de Oslo, donde Breivik hizo estallar una furgoneta bomba que mató a 8 personas; y en la isla de Utøya, al oeste de la capital, donde cometió una matanza en el campamento de las Juventudes Laboristas en la que murieron otras 69.

En ambos habrá una ceremonia privada para familiares de las víctimas y supervivientes, con ofrenda floral incluida y discurso del primer ministro, el socialdemócrata Jens Stoltenberg.

Las Juventudes Laboristas (AUF, por sus siglas en noruego) organizarán el que es posiblemente el acto central del día en Utøya, donde un millar de miembros de todas las federaciones regionales y varias autoridades homenajearán a las víctimas de la matanza.

Su líder, Eskil Pedersen, defiende el derecho a ‘recuperar’ la isla y no ceder ante Breivik, una idea ampliamente apoyada en el seno de las AUF, a pesar de las críticas de algún superviviente, que considera volver a Utøya un ultraje a los muertos.

La dirección de las AUF sólo ha decidido de momento derribar la cafetería de la isla, donde Breivik asesinó a 13 jóvenes, y erigir en un par de años un monumento, pero Pedersen ha insinuado que en 2013 podría volver a organizarse allí el campamento de verano, que este año se trasladará al norte del país.

El lema ‘Recuperar Utøya’, lanzado por Pedersen el día siguiente a los atentados, encaja bien con la idea de Stoltenberg y la clase política de reaccionar con ‘más democracia y más apertura’.

La sociedad noruega, con supervivientes y familiares de las víctimas a la cabeza, ha respondido de forma mayoritaria a esa llamada, ignorando las provocaciones de Breivik durante el juicio, y manifestándose ‘por la unión, la solidaridad y la diversidad, en vez de encerrarnos y ser más desconfiados’, en palabras de Stoltenberg.

Tanto el primer ministro como Pedersen resaltan que hay más gente involucrada en los debates y ponen como ejemplo la amplia reacción a los comentarios racistas contra los gitanos rumanos acampados a las afueras de Oslo, que centran estos días la actualidad en Noruega.

La defensa de la democracia y de la sociedad multicultural, contra la que atentó Breivik, contrastan con la recuperación en los sondeos del ultranacionalista Partido del Progreso, que parece haber superado la fuerte caída sufrida en los comicios municipales de septiembre y ha echado mano de nuevo del discurso antiinmigración.

Los atentados evidenciaron graves errores de coordinación de las fuerzas de seguridad, muy criticados por las familias de las víctimas, que tuvieron que esperar ocho meses para que la Policía admitiera algunos fallos y pidiera disculpas.

Hasta dentro de tres semanas no presentará su informe la comisión creada por el Parlamento sobre la actuación policial, pero ésta ya se ha cobrado dos víctimas en forma de dimisiones: el ministro de Justicia y la jefa de los servicios de inteligencia, aunque ambos apelaron a motivos personales para dejar el cargo.

El Gobierno lanzó hace unos días una propuesta de reforma de la ley antiterrorista que da amplias facultades para investigar potenciales actos terroristas de individuos aislados, aunque le han llovido críticas apuntando a que se quiere castigar las ideas.

Más duras y generalizadas han sido las protestas contra la nueva ley para quienes sean condenados a recibir atención psiquiátrica por parecer hecha a medida para Breivik, que podría recibir ese castigo.

El juicio al ultraderechista noruego de 33 años, cuya sentencia se pronunciará previsiblemente el 24 de agosto, ha provocado un amplio debate sobre la necesidad de cambiar los criterios que en el Derecho noruego permiten declarar a alguien penalmente responsable de sus actos atendiendo a si existen dudas sobre su estado mental.

Un año después, aún queda una huella física de los atentados en el centro de Oslo: hace unos días se acabaron de retirar las más de 4.300 toneladas de escombros de los edificios más afectados por la bomba, pero el complejo gubernamental de Høyblokka, el centro de poder del país, sigue inutilizado.

Las autoridades aún no han decidido si derriban los nueve edificios y construyen un nuevo complejo, que no estaría listo hasta como poco dentro de 8 años, mientras varios departamentos trabajan en locales provisionales, incluido el primer ministro, cuya oficina está ahora en el Ministerio de Defensa.