La presidenta de la Cámara de Representantes, Jenniffer González Colón, citó, so pena de desacato civil, a funcionarios y ex funcionarios del Departamento de Transportación y Obras Públicas, a comparecer este miércoles a la 1:00 de la tarde en el Hemiciclo cameral, para responder por el funcionamiento de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM).

La interpelación atenderá la Resolución de la Cámara 1991 que atiende la Comisión Total de la Cámara de Representantes, radicada por Carlos ‘Johnny’ Méndez, portavoz de la mayoría y representante por el Distrito 36 que incluye a los municipios de Vieques y Culebra.

Esta medida expone el problema recurrente de los residentes de dichos municipios en relación a la transportación en el Pasaje de Anegada, a pesar de que todos los esfuerzos y de que todos los recursos invertidos en la ATM para un servicio de transportación marítima de primer orden, han sido de poca utilidad para sus usuarios.

Entre las personas citadas se encuentra el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Rubén Hernández Gregorat; el director de la Autoridad de Transporte Marítimo, Stanley Mulero; el subdirector del Área Marítima de la Autoridad de los Puertos, Carlos Daniel Pérez; el director de Finanzas de la Autoridad de los Puertos, Ibsen Santiago; el ayudante Especial del secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Ferdinand Cedeño; y el ex director de la Autoridad de Transporte Marítimo, Juan A. Cirino.

Toda persona citada podrá estar acompañada de abogado si así lo desea y de cualesquiera personas que entienda que le pueden asistir al contestar las preguntas que se le hagan, pero cualquier abogado o asistente que le acompañe sólo se podrá dirigir a los miembros del Cuerpo si así se le permite. Se les notificó además, que se podrá solicitar en cualquier momento, que se ofrezca su testimonio bajo juramento.

Cada citación es personal, indelegable y compulsoria. El que se niegue a comparecer o deje de hacerlo sin excusa legítima; quien se niegue, obstinadamente, a prestar juramento o a contestar cualquier pregunta esencial o pertinente cometerá un delito grave de cuarto grado a tenor con el Artículo 304 del Código Penal de Puerto Rico, Ley 149 de 18 de junio de 2004.