El Banco Gubernamental de Fomento aseguró que defenderá la constitucionalidad de la Ley de Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas al asegurar que la misma protege a los acreedores y asegura los servicios a la ciudadanía.

El BGF hizo sus señalamientos en declaraciones escritas el domingo luego de que se radicara una demanda en contra del gobierno y de la Autoridad de Energía Eléctrica por parte de 23 manejadores de fondos en 20 estados quienes impugnan la constitucionalidad de la ley en el Tribunal Federal. Estos manejadores son principalmente de las franquicias Franklin Funds y Oppenheimer y los demandantes son poseedores de $1,700 millones en deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El recurso solicita una sentencia declaratoria sobre la supuesta inconstitucionalidad de la ley conocida como la de ‘quiebra criolla’ al destacar que el gobierno federal ya tiene ocupado el campo en el área de quiebras.

La ley, según el BGF, fue legislada para que su cubierta constitucional proteja a los acreedores, garantice que los servicios esenciales a la ciudadanía se sigan ofreciendo y se reduzca el costo de los mismos.

‘El Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América ha establecido claramente el derecho de los Estados para aprobar leyes que apliquen en aquellas áreas que no están sujetas a la legislación federal aplicable. Esta autoridad es extensiva a Puerto Rico. Mantenemos nuestro apoyo a la ley de referencia y defenderemos cualquier reto a su cubierta constitucional bajo nuestro estado de derecho’, destacó el BGF.

Según el BGF, hasta este momento ninguna de las corporaciones públicas, agencias o ramas de gobierno del Estado Libre Asociado ha sido notificada formalmente sobre acción legal alguna sometida en los tribunales de justicia con la intención de que se declare inconstitucional la Ley de Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas.

El presidente del Senado Eduardo Bhatia, quien es abogado, dijo que la demanda es sumamente confusa. De hecho, ni el ELA ni sus agencias o municipios pueden acogerse a la Ley de Quiebras federal.

‘El argumento de que el ELA no puede hacer esta ley es falso. No saben que el ELA puede legislar sobre áreas que no están cubiertas por la ley federal. Aquí no hay campo ocupado’, dijo.

La medida, según los legisladores, se hizo para establecer un proceso ordenado de pago de deudas y proteger la continuidad de los servicios de la ciudadanía.

Una de las corporaciones públicas que, según fuentes, se acogerá al estatuto es la Autoridad de Energía Eléctrica tener que pagar unos $671 millones en los próximos dos meses en líneas de crédito.

La medida es sumamente necesaria porque en el caso de la AEE, el acuerdo con los bonistas establece que de haber un impago, un 25% de los bonistas podría solicitar que se nombre un síndico que tome control de la corporación pública con las consecuencias nefastas que eso conlleva, supo NotiCel.

La ley crea dos procesos para reestructurar deudas. El primero de los procedimientos es uno consensual de modificación de deuda que culmina con un programa de recuperación contenido en el Capítulo 2 del estatuto, y el segundo, contenido en el Capítulo 3, es un procedimiento supervisado por el tribunal que culminaría en un plan ordenado de cumplimiento con las deudas. Una corporación pública puede solicitar alivio bajo el Capítulo 2 o el Capítulo 3, o bajo ambos de forma consecutiva o concurrente.

La propuesta ley está diseñada en muchos aspectos para que refleje ciertas disposiciones claves del Título 11 del Código de los Estados Unidos, y tanto el tribunal como las partes interesadas deben revisar y considerar el precedente existente al amparo del Título 11 del Código de Estados Unidos, de ser aplicable, al momento de interpretar e implementar la misma.

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