El gobernador Luis Fortuño justificó que su administración siga contratando con la empresa del convicto empresario Juan Bravo, señalando que este traspasó la compañía de seguridad Ranger American a sus hijos.

Así de fácil se puede burlar la ley que prohíbe al gobierno contratar con empresarios convictos por corrupción.

En el caso de Bravo, esta administración no le ha cancelado ningún contrato e, incluso, le otorgó contratos por casi un millón de dólares después de su convicción junto al ex senador del gubernamental Partido Nuevo Progresista, Héctor Martínez.

‘Yo verifiqué, obviamente, por lo que aparecía en los medios de comunicación, él había pasado, hacía tiempo, sus empresas a nombre de otras personas, que incluye a sus hijos, y compiten en las subastas que se les da al mejor postor. O sea, que es una empresa que no es de él y que compite para pagar lo menos posible del erario público. Eso es lo que ha estado sucediendo’, expresó el Gobernador en rueda de prensa.

El Registro de Contratos de la Oficina del Contralor corrobora que, en efecto, la empresa de Bravo ha seguido guisando con el gobierno, tal y como publicó NotiCel el 1 de este mes.

Bravo se salió formalmente de Ranger American y la dejó en manos de sus hijos, pero dejó también a la compañía cubierta con unos $5 millones en contratos vigentes con el Banco Gubernamental de Fomento, la Universidad de Puerto Rico, Autoridad para el Transporte Marítimo, Servicios Médicos Universitarios, Corporación del Centro de Bellas Artes, Negociado de la Lotería, Negociado de Auditoría Fiscal, Sistema de Retiro para Maestros, municipio de Aguadilla, Corporación del Fondo del Seguro del Estado y Autoridad Metropolitana de Autobuses.

Estos últimos dos contratos con vigencia hasta el 2013.