Dos representantes por el Partido Nuevo Progresista (PNP) se opusieron a definir una edad mínima para que los menores sean procesados en los tribunales de Puerto Rico.

Se trata del presidente de la Comisión de Gobierno, Jorge ‘George’ Navarro Suárez y la representante por el Distrito 19 de Mayagüez y San Germán, Maricarmen Mas Rodríguez.

‘Quiero dejare esto claro, entiendo perfectamente las preocupaciones de los que buscan colocar una edad mínima. Nosotros compartimos muchas de esas inquietudes, sin embargo no podemos amarrarnos a eso porque el sistema no es blanco y negro. Así lo entendieron las dos pasadas administraciones, una del Partido Popular Democrático y la otra el PNP. Por eso hemos levantado la voz de alerta y asumimos esta posición’, dijo Navarro Suárez en declaraciones escritas.

Los legisladores indicaron que en el 2009 el entonces gobernador Luis Fortuño vetó el Proyecto del Senado 1107 del senador por Arecibo José Emilio González, el cual buscaba colocar la edad de 11 años antes de que los tribunales puedan ejercer jurisdicción sobre ellos.

‘Este mismo intento ocurrió bajo la pasada administración de Alejandro García Padilla y la medida no prosperó. Me uno a las expresiones del compañero Navarro Suárez sobre que conocemos las inquietudes, pero estamos claro que no es el momento. Por eso apoyamos las medidas del Presidente de la Cámara, Carlos ‘Johnny’ Méndez, a favor de una nueva Ley de Menores, justa y ajustada a la realidad que vivimos’, comentó Mas Rodríguez.

‘Apoyamos los Proyectos de la Cámara 1035 y 1036 porque los mismos son de avanzada y establecen los parámetros para un sistema de justicia juvenil justo, basado en la realidad que vive nuestra sociedad, apoyando la rehabilitación mientras que, a la misma vez, enfocando la ley. Estos proyectos son la zapata de una verdadera Ley de Menores’, dijo Navarro Suárez.

‘El no investigar o procesar cualquier conducta delictiva imputada a un menor de edad, solo por su edad, no es algo real. Le corresponde a los Procuradores de Menores llevar a cabo la investigación pertinente y evaluar la prueba de manera justa, sin que midan amarras, para determinar el curso de acción. Colocar un límite de edad tendría como resultado dejar a las victimas desprovistas de remedios y a los ofensores sin un sistema de rehabilitación de conducta’, sostuvo Mas Rodríguez.