La Corporación de Acción Civil y Educación (CACE), la entidad que representa a todos los presos del país en el caso federal Morales Feliciano por violación de derechos humanos en las cárceles solicitó la protección del Capítulo 7 de la Ley de Quiebras.

La solicitud refleja que la entidad tiene más activos que deudas, pero el activo principal es un pago de poco más de $1 millón que el juez Paul Barbadoro, a cargo del caso Morales Feliciano, no ha liberado todavía. Las deudas principales son con abogados y empleados por concepto de salarios.

En una reunión reciente, Barbadoro sujetó ese pago a la condición de que la CACE entregue un plan de transición, y también encaminó la resolución del caso a un proceso de mediación a cargo del exjuez de apelaciones Charles Cordero. La mediación estará abierta hasta el 1 de marzo de 2012.

Los abogados de los presos y la Administración Fortuño están en desacuerdo sobre si ya el caso está listo para que acabe el control que el Tribunal Federal ha tenido sobre las cárceles por 30 años.

Mientras que los abogados del gobierno sostuvieron recientemente que han cumplido y que, en las áreas que no han cumplido no es necesario hacerlo porque ‘la cárcel no es un hotel’, los abogados de los presos sostienen que a éstos se les violentan sus derechos constitucionales en prácticamente todas las facetas de su encierro.

‘El derecho a la seguridad personal no se extingue con el confinamiento, aún para propósitos de castigo’, sostuvieron en una moción, al tiempo que recordaron que ‘el Estado tiene un deber afirmativo de proveer a las personas privadas de su libertad de un ambiente saludable y habilitado’.