Tal parece que algunas cosas que pasan en Las Vegas, en efecto, se quedan en Las Vegas y que el Código Penal de 2004, tan criticado por la actual mayoría novoprogresista en la Legislatura, no resultó tan malo, por lo menos para el contratista Juan Bravo Fernández.

El juez federal Francisco Besosa desestimó uno de los cargos que pesaba contra Bravo, quien fuera convicto junto al exsenador Héctor Martínez por un esquema de conspiración para pagar a cambio de trato favorable en el trámite legislativo de medidas en la industria de guardias privados y seguridad.

Martínez resutó convicto en dos cargos, pero ya el juez le había anulado el de conspiración y le había dejado el de cometer actos que servían los propósitos de la conspiración, siendo la conspiración el ponerse de acuerdo con Bravo para moverle sus proyectos a cambio de regalías. La fiscalía federal puede volver a presentar el cargo de conspiración.

Bravo, por otro lado, tenía sus tres cargos intactos hasta ayer, cuando el juez le tumbó el de viajar para cometer actos ilegales, y le dejó el de conspiración, y el de soborno.

La base para la desestimación del cargo de viajar cruzando líneas estatales para cometer un delito es que la fiscalía federal se basó en el Código Penal de Puerto Rico de 1974 para acusar que lo que Bravo hizo en Las Vegas con Martínez y el convicto exsenador Jorge de Castro Font eran actos ilegales. Por tanto, viajar para cometerlos era un delito federal.

Sin embargo, según el análisis del juez Besosa, la acusación estaba mal hecha, porque el Código Penal de 1974 fue suplantado por el Código Penal de 2004 el 1 de mayo de 2005, y el viaje a Las Vegas fue 13 días después. Por tanto, hay un disloque entre acusarlo de conspirar para cometer un delito bajo el Código de 1974 (lo que ocurrió antes del viaje), y acusarlo de viajar para cometer un delito (soborno) que ya estaba técnicamente derogado por el Código de 2004.

El juez llega a su conclusión a pesar de que él mismo admite en la orden que emitió ayer que entre la versión de 1974 y la de 2004 lo único que cambia es el fraseo, y no los elementos del delito. La situación es tal, que si el Código Penal hubiera entrado en vigor el 1 de junio, en vez del 1 de mayo, el juez se quedaba sin fundamento para desestimar.

‘Bravo no puede ser convicto de una conducta que, efectivamente, no era un delito en el momento en que se cometió la ofensa’, subrayó el juez.

Aparte de desestimar ese cargo a Bravo, en su orden el juez Besosa descarta todos los demás argumentos que estaban pendientes por parte de Bravo y Martínez en sendas solicitudes de desestimación y nuevo juicio que estaban pendientes por lo que los acusados quedan listos para enfrentar su sentencia, que está pospuesta desde septiembre.

‘[E]s ciertamente razonable que el jurado determine por evidencia circunstancial presentada en el juicio que los acusados Bravo y Martínez actuaron con intenciones corruptas con respecto al viaje a Las Vegas y las actuaciones oficiales que se tomaron respecto a los proyectos del Senado 410 y 471’, concluyó el juez.

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