En pleito por nombramiento de sus miembros.

La Junta de Control Fiscal (JCF) pidió al Tribunal Supremo federal que considere en su conferencia de este próximo 20 de junio las solicitudes de revisión que han provocado la decisión del Primer Circuito de Apelaciones de Boston en la que la designación de sus miembros fue declarada inconstitucional.

El juez apelativo puertorriqueño Juan R. Torruella, juez ponente en la decisión que invalida los nombramientos de la JCF, ha provisto para un segundo plazo, hasta el 15 de julio de 2019, para que la JCF siga operando sin que entre en vigor su conclusión de que los miembros del cuerpo ostentan el cargi ilegalmente.

La petición de la JCF al Supremo no es para que decida el caso en la conferencia del 20 de junio, lo cual no es posible, sino para que discutan ese día si van a acoger las solicitudes de revisión. Si el Alto Foro federal acepta las solicitudes, tendría que emitir disposiciones sobre qué hacer como ese plazo del 15 de julio. Si el Supremo decide no aceptar el caso, el plazo se mantiene y la Casa Blanca y el Senado federal tendría que correr para cumplir con el proceso que el Primer Circuito dispuso que era el constitucional. Si no lo hacen, la JCF como se conoce hoy deja de operar el 15 de julio. Como contexto adicional, los nombramientos actuales se vencen en agosto, así que de todos modos debe haber una acción del presidente Donald Trump este verano si es que la JCF va a seguir operando.

En su carta del lunes, el abogado de la JCF, y exprocurador general de Estados Unidos, Donald B. Verrilli, Jr. pide que la solicitud se considere en junio y se calendarice para argumentos orales en octubre.

Para facilitar la petición, dice que la Junta se allana a las solicitudes de revisión que han sometido el Gobierno de los Estados Unidos y Aurelius Investments para que se revise la decisión del Circuito aunque se reservan el derecho de presentar argumentos sobre los méritos del caso una vez el Supremo acepte escuchar a las partes.

La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), el sindicato de la Autoridad de Energía Eléctrica y quien es coparte con Aurelius Investments en el reto a la legalidad de los nombramientos de la JCF, también pidió al Supremo federal mediante carta un trámite acelerado y que se acepte su solicitud de revisión, contrario a lo que pidió la JCF, que busca que la solicitud de la UTIER se quede en suspenso.

La decisión de Torruella, el 15 de febrero pasado, cayó como un terremoto en la discusión pública por, entre otras expresiones, su conclusión de que los miembros de la Junta no son funcionarios menores, sino que son del rango que requiere la evaluación del Senado federal porque ‘son más como los procónsules romanos escogidos en Roma para ejercer ley romana y supervisar a los líderes territoriales, que como los líderes locales selectos a los que Roma les permitía ejercer cierta autoridad’.

El juez, sin embargo, mantuvo la legalidad de la Ley PROMESA que estableció el marco para la existencia de la JCF y los procesos de quiebra en el gobierno de Puerto Rico.

De igual forma, el Gobierno de los Estados Unidos, a través del procurador general, Noel J. Francisco, ripostó la semana pasada en su solicitud al Supremo federal, que si se declaran inconstitucionales los nombramientos de la Junta serían igualmente inconstitucionales todos los gobernadores que han sido electos en la historia de Puerto Rico y todos los nombramientos que esos gobernadores han hecho porque ambos procesos son parte del poder que tiene el Congreso sobre los territorios, como Puerto Rico.