La licenciada Judith Berkan, quien por más de 30 años ha litigado casos contra la Policía estatal, catalogó como ‘una hipocresía de primer orden’ el compromiso que hiciera el gobernador Luis Fortuño con el Departamento de Justicia de trabajar con las deficiencias y violaciones de derechos civiles de la uniformada que reveló un estudio realizado por la agencia federal.

Berkan denunció que la Administración Fortuño no ha sido consistente en demonstrar que tiene interés en mejorar la labor de los miembros de la Policía. Particularmente, según explicó, porque tuvo que esperar por un informe de los federales para entender que hay ‘problemas sistémicos’ en la Policía.

‘Este gobierno ha demostrado falta de voluntad y ha invertido mucho. No han cogido en serio la necesidad de una reforma y un cambio básico de la Policía para respetar los derechos civiles’, sostuvo.

La experta apuntó además que la forma más evidente de revalidar los planteamientos que arrojó el informe de la División de Derechos Civiles de Justicia son las millonarias transacciones que persiguen encubrir el rol que juegan los agentes de la uniformada en la criminalidad que azota al país y en la violación de derechos civiles.

Por ejemplo, expuso Berkan, en el caso del ciudadano Miguel Cáceres, quien fue asesinado a manos del agente Javier Pagán Cruz, se contrataron abogados privados que propiciaron múltiples de posiciones pagadas con fondos públicos para intentar probar que no hubo una violación constitucional.

‘Yo no puedo estimar la cantidad de horas, que tuvieron que ser cientos de horas, cada una compensada por el pueblo de Puerto Rico y eso era totalmente innecesario en el sentido de que la violación constitucional estaba 100% clara. Así lo confirma el informe de hoy y el hecho de que el policía (demandado) es convicto de asesinato. La cantidad de trabajo innecesario que se genera es impresionante porque están tratando de defender lo indefendible’, señaló sobre el caso en el que figura como abogada de la viuda de Cáceres.

Para la togada, quedó evidenciado que las acciones policiacas en el operativo del Capitolio ocurrido en el 2010 no eran justificadas porque también fueron resaltados en la investigación federal como parte de lo que está mal en la Policía.

‘Era uno motín policiaco diseñado y planificado con el propósito expreso de limitar y disuadir el ejercicio de los derechos constitucionales que tenemos como ciudadanos’, argumentó.

Berkan recordó además que en el reciente informe, que rindió al costo de $300,000 como monitor de la Policía el ex juez del Tribunal Supremo Efraín Rivera Pérez, se concluyen cosas muy distintas a los que hoy destacó el Departamento de Justicia Federal. Mientras uno resalta el abuso excesivo de la Policía, el estatal asegura que todo está bien.

‘Al día de hoy la Policía de Puerto Rico tiene una política clara y uniforme sobre el uso de la fuerza’, lee el informe de Rivera Pérez con fecha del pasado 30 de junio.

‘Las políticas y procedimientos de la PPR sobre el uso de la fuerza, registros y incautaciones están obsoletas, desorganizados y omiten estándares legales contemporáneos’, dice el informe federal publicado hoy.