La procuradora de la Mujer, Ileana Aymat Ríos, endosó el viernes, la medida legislativa que pretende atajar la desigualdad de compensación económica entre el hombre y la mujer, a la vez que fiscaliza a agencias públicas y privadas.

‘La participación de la mujer en la fuerza laboral y en todos los quehaceres de la vida pública ha ido aumentando aceleradamente en las últimas décadas. Sin embargo, esta señal de lo que es la equidad no se refleja necesariamente en retribución y opciones de trabajo para la mujer, expresó la procuradora de la Mujer en declaraciones escritas.

Un informe publicado en noviembre de 2016 por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, estableció que las mujeres constituyen el 44 por ciento de la fuerza laboral.

La OPM tiene el poder en ley para atender, investigar, procesar y adjudicar querellas relacionadas con acciones y omisiones que lesionen los derechos de las mujeres, les nieguen los beneficios y las oportunidades a que tienen derecho, y afecten los programas de beneficio para las mujeres; y conceder los remedios pertinentes conforme a derecho, así como ordenar acciones correctivas a cualquier persona natural o jurídica, o cualquier agencia que niegue, entorpezca, viole o perjudique los derechos y beneficios de las mujeres.

‘Nuestra oficina ya ha demostrado ser efectiva fiscalizando todos los asuntos relacionados a los derechos de la mujer, tales como hostigamiento sexual, lactancia en el lugar de trabajo, discrimen contra embarazadas o falta de implantación de protocolos para manejar casos de empleadas víctimas de violencia doméstica, expresó Aymat.

La procuradora dijo que es imperativo el incluir un lenguaje que deje claro que las mujeres trabajadoras tendrán a la OPM como un foro al que puedan acudir en caso de discrimen salarial.

‘Es política pública del Estado garantizar el pleno desarrollo y respeto de los derechos humanos de las mujeres y el ejercicio y disfrute de sus libertades fundamentales. Las mujeres son objeto de discrimen, opresión y marginación que no son cónsonos con el principio de igualdad de derechos y respeto de la dignidad del ser humano, promulgados en nuestra Constitución. Estos obstáculos dificultan la participación de la mujer en la vida política, social, económica, cultural y civil, por lo que es necesario fortalecer y consolidar los instrumentos y mecanismos del Estado para implantar de manera efectiva esta política pública’, expresó.