Relacionado a contrataciones con Educación federal

Aparte de que su alcalde fue acusado y está en vías de ser enjuiciado en la esferal federal por el mismo caso, el municipio de Sabana Grande transó una demanda civil del Departamento de Educación federal por su rol en un esquema de contrataciones y subcontrataciones ilegales para la administración de fondos destinados al entrenamiento de maestros de ese pueblo.

Dicho esquema se desprende del caso federal por el cual el exsecretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Ramón Orta Rodríguez, ya se declaró culpable e involucra a otro de los coacusados de ese caso, Irving Riquel Torres. Por sus actuaciones, el ayuntamiento tendrá que pagar $500,000 al gobierno federal a partir de la aprobación judicial del acuerdo entre las partes.

Al momento de ser aprobado por un juez, Sabana Grande deberá pagar un monto inicial de $110,000 y por los próximos 60 meses debe pagar mensualidades de $6,500.

El alcalde de Sabana Grande, Miguel ‘Papín’ Ortiz Velez, fue arrestado a principios de julio del 2018 en relación a la parte penal de esta investigación. Ortiz, quien sigue al mando de Sabana Grande, no ha hecho acuerdos con el gobierno federal para ese caso, por lo que su juicio sigue pendiente a comenzar para marzo del próximo año.

Según los hechos del acuerdo civil sometido el 22 de noviembre, en abril del 2014 el municipio de Sabana Grande, en conjunto con la empresa de Torres, Administrative, Environmental and Sports Consultants (AESC) y el Comite Olímpico de Puerto Rico (COPUR), otorgó un contrato al COPUR, pago con fondos del Título II del Elementary and Second Education Act (ESEA), que a su vez son administrados por el Departamento de Educación (DE) local.

De hecho, la fiscalía federal indicó que ya el COPUR devolvió $700,000 y a Torres se le congelaron cuentas por $1,000,000 como parte del esfuerzo de recobrar el dinero del fraude.

Tal como se le señaló al DRD en la acusación que llevó al arresto de Orta Rodríguez, Torres y los otros cinco coacusados, regulaciones federales precluyen a los recipientes de estos fondos – en este caso Sabana Grande – a subcontratar para la administración del programa. ‘El acuerdo resultó en que el Municipio de Sabana Grande radicara o causara la presentación de declaraciones falsas, registros falsos y representaciones falsas al Departamento de Educación de Puerto Rico para propósitos de obtener fondos federales’, reza el escrito legal.

Según una investigación del Inspector General del Departamento de Educación federal (ED-OIG en ingles), el esquema provocó que el DE desembolsara $1,770,200 al municipio. Sabana Grande, a su vez, pagó $1,378,212 al COPUR para administrar el programa y el Comite posteriormente desembolsó $439,587.55 por concepto de costos del proyecto, otros $375,449.78 a AESC y al final retuvo $563,174.67 por actuar como intermediario entre AESC y el municipio.

El municipio tambien retuvo los restantes $391,988 que sobraron tras contratar al COPUR. Sin embargo, aunque se acogieron a un acuerdo el pasado 20 de noviembre, el acuerdo entre las partes hace constar que el ayuntamiento niega los alegatos de fiscalía federal y no admite responsabilidad al respecto.

La querella original, presentada en junio del 2018 por fiscalía federal, detallaba que la cuantía sujeta a fraude por el municipio fue de $2,904,920. Aunque esa querella no identificó al COPUR como parte del esquema – nombrándola compañía F en ese momento – el acuerdo entre las partes no identifica a ningún funcionario municipal, ni del COPUR, que estuviese involucrado en las discusiones para otorgar los contratos.

Vea aqui el acuerdo entre el municipio y el Departamento de Educación federal: